Sobre redes privadas y bienestar colectivo: las nuevas resoluciones del Ministerio de Comunicación (+ Infografía)

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Por Michel E. Torres Corona

La flamante Constitución de la República de Cuba establece que el Estado ejerce su soberanía sobre el espectro radioeléctrico[1], declarándolo un bien público (aunque no utilice específicamente esta categoría)[2]. Esto implica que los titulares de ese bien somos todos los ciudadanos cubanos, y que la Administración Pública es el organismo estatal encargado de velar por el uso adecuado de ese bien.

En ese sentido, el Ministerio de Comunicaciones (MinCom) se encarga de la gestión del espectro radioeléctrico y el aseguramiento técnico y de soporto asociado, de manera que tribute al interés general y velando porque ningún uso privativo de este espacio restrinja o lacere el derecho de todos a usarlo y disfrutar de sus beneficios.

Es práctica común en el mundo entero, que el espectro radioeléctrico sea regulado, coordinándose el trabajo de las distintas instituciones nacionales a través de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones[3]), que establece reglamentaciones internacionales de obligatorio cumplimiento para todos los países.

Pero, además de estas normas internacionales, se precisan de disposiciones jurídicas que reglamenten a lo interno el uso del espectro radioeléctrico y coadyuven a su optimización, propiciando el disfrute de un servicio público de calidad. Ese marco regulatorio tan necesario se apuntala hoy con la publicación en la Gaceta Oficial de dos resoluciones del MinCom sobre reglas privadas de datos y empleo de sistema inalámbricos de alta velocidad.

Estos nuevos reglamentos habilitan la creación de redes privadas de datos para personas naturales (lo cual se hacía antes al margen de la ley), con correcciones de tipo técnico que permiten evitar interferencias y prevenir efectos nocivos de radiaciones no ionizantes. Para ello, se dispone el otorgamiento de una licencia de operación de redes privadas para personas naturales, alámbricas y/o inalámbricas, exteriores al domicilio; las redes con carácter personal en el interior del domicilio no requerirán autorización alguna, siempre que sean sin fines de lucro.

La licencia de red tiene un valor de diez pesos (CUP) y una vigencia de dos años. Permitirá que la conexión alámbrica de una red privada pueda alcanzar las viviendas de un edificio y otras viviendas dentro de una cuadra, siempre que el cable no atraviese la vía pública. Para llegar a otras personas en cuadras cercanas, se puede usar la conexión inalámbrica con antena exterior.[4]

Todas estas redes se podrán conectar a la infraestructura de telecomunicaciones de ETECSA, que es el operador habilitado por concesión administrativa a manejar estos recursos y prestaciones.  Esto posibilitará, en el futuro inmediato, la interconexión de redes privadas a través de la red pública.

Otro aspecto de interés que regulan estos nuevos reglamentos es la posibilidad de que personas naturales puedan realizar la importación sin carácter comercial de equipos de tecnología inalámbrica que cumplan las regulaciones establecidas. La solicitud de la Autorización Técnica para la Importación se realiza a través del portal Web del Ministerio de Comunicaciones, correo electrónico o personalmente en las Direcciones Territoriales de la Unidad Presupuestada Técnica de Control del Espectro Radioeléctrico (UPTCER). Esta solicitud puede realizarse antes de su entrada al país o posteriormente, si el equipo es retenido por la autoridad aduanera.

Algo que no puede soslayarse es que redes privadas enormes (como la famosa SNet) no podrán continuar con la dinámica actual. Las potencias que limitan estas resoluciones para las redes privadas, impiden que se establezcan conexiones de esa naturaleza. El límite impuesto por el ordenamiento será de 100 mW, lo que restringe el alcance de la red a unos 400 metros en espacio libre, sin obstáculos.

Es una realidad a nivel mundial que no pueden existir redes paralelas a la red pública, que se gestiona por operarios habilitados por el Estado a estos efectos. Sin embargo, nuestro país tiene condiciones sui géneris: si bien en la mayoría de los países existió Internet y luego las regulaciones de redes privadas; en Cuba la imposibilidad fáctica de una conexión a Internet plena propició que la SNet creciera como una especie de “internet clandestina”.

A medida que se abaraten los costos y haga una realidad la conexión desde los hogares, las redes privadas se irán convirtiendo en islas interconectadas por la red pública, con un alcance final infinitamente superior al que tienen hoy. Mientras tanto, las redes existentes tendrán que ajustar sus equipos a la potencia establecida.

La informatización de la sociedad cubana es un propósito manifiesto del gobierno cubano. Y a ese uso general de las TIC debe sumarse un marco regulatorio que permita la coexistencia y armonía de distintos intereses individuales, de manera que su ejercicio siempre tribute al bienestar general y al desarrollo socioeconómico del país. Estos reglamentos, que entrarán en vigor sesenta días a partir de su publicación hoy en la Gaceta Oficial[5], tributan a ese propósito de que Derecho y realidad en Cuba vayan de la mano.

 

[1] Conjunto de ondas radioeléctricas que se propagan por el espacio sin guía artificial y cuyo límite superior de frecuencia se fija convencionalmente por debajo de 3 mil GHz.

[2] La Carta Magna cataloga al espectro radioeléctrico como un recurso inalienable, imprescriptible e inembargable, atributos todos del demanio público. La imposibilidad de enajenarlo (o sea, traspasar su propiedad) es otro elemento que implica su carácter público, a razón de su valor estratégico para el desarrollo del país.

[3] Organismo especializado de la ONU, encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional entre las distintas administraciones y empresas operadoras.

[4] El establecimiento de antenas en exteriores por personas naturales y sus redes privadas para enlazarse con las redes públicas (áreas WiFi de ETECSA), requerirán de una licencia por valor de diez pesos (CUP), con vigencia de 5 años.

[5] A partir de la entrada en vigor, los titulares de redes tienen 60 días más para formalizar su red de acuerdo a los requisitos que establecen las normas.

INFOGRAFÍA DE RAZONES-01

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