Por Michel E. Torres Corona

La flamante Constitución de la República de Cuba establece que el Estado ejerce su soberanía sobre el espectro radioeléctrico[1], declarándolo un bien público (aunque no utilice específicamente esta categoría)[2]. Esto implica que los titulares de ese bien somos todos los ciudadanos cubanos, y que la Administración Pública es el organismo estatal encargado de velar por el uso adecuado de ese bien.