#racismo

China publica informe sobre violación de derechos humanos en Estados Unidos

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China publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en los Estados Unidos en 2017, en el que critica la grave violación de los derechos civiles de los estadounidense, la discriminación racial sistemática y los defectos en la democracia. Leer el resto de esta entrada »

Cuba, con el derecho humano a la igualdad. EEUU con la dictadura imperial a la esclavitud

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Ramón Pedregal Casanova.- ¿Qué razón de Humanidad tiene la clase imperial? Su existencia, ¿no se corresponde con su ejercicio de la opresión sobre la mayoría de los pueblos del mundo?.

 

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“Los defensores de la tolerancia son cada vez más intolerantes y temen a las ideas que promueven”

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Quienes arremeten contra cualquier persona por sus declaraciones “racistas” u “ofensivas” para mujeres u homosexuales “no ven la ironía de su propia intolerancia”, denuncia una periodista irlandesa.

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Los CEOs de tres empresas renuncian al Consejo de Trump

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Tomado de ambito.com

Donald Trump sigue perdiendo el apoyo de los líderes económicos de Estados Unidos, tras la salida de otros tres directores ejecutivos de grandes empresas del consejo asesor del presidente, en protesta por su reacción a la violencia de extrema derecha en la ciudad de Charlottesville.

Tras la renuncia del director ejecutivo de la farmacéutica Merck, Kenneth Frazier, le siguieron el de Intel, Brian Krzanich, y Kevin Plank, del fabricante de ropa y accesorios deportivos Under Armour.

“Ya he dejado claro mi rechazo a la reciente violencia impulsada por el odio en Charlottesville”, dijo Krzanich. “Renuncio porque quiero hacer progresos, mientras que muchos en Washington parecen más preocupados en atacar a todos los que no opinen lo mismo que ellos”.

Más temprano, Frazier, uno de los CEO un hombre negro de más alto perfil del país, había anunciado su dimisión con el argumento de que “los líderes estadounidenses tienen que honrar nuestros valores fundamentales rechazando claramente las expresiones de odio, fanatismo y supremacía de un grupo sobre otro”. Leer el resto de esta entrada »

Evo Morales: El racismo es un instrumento de dominación mundial

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Morales instó a escuchar las propuestas de los jóvenes para acabar con el racismo y la discriminación. | Foto: ABI

Fuente: teleSUR

El mandatario boliviano instó a construir un planeta plurinacional “porque somos tan diversos en todo el mundo”.

 “El racismo es uno de los instrumentos de dominación, de sometimiento, de humillación no solamente en Bolivia sino en todo el mundo”, afirmó este martes el presidente de Bolivia, Evo Morales.

Durante la V Sesión de la Red Iberoamericana contra la Discriminación, en la ciudad de Santa Cruz, Morales advirtió sobre el peligro del racismo como arma de dominación y llamó a construir un “planeta plurinacional”.

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Racismo de Estado en República Dominicana

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 Cuando la dignidad humana está en peligro, ni las leyes ni las instituciones son irrevocables.
La llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana, y su decisión de aliarse con un partido conservador notablemente anti-haitiano y con las élites económicas detentoras de ingenios azucareros, han precipitado el retorno de lo inhibido.
Los Estados crean –a través de la ideología que les avala como institución garante de la continuidad de una nación– fantasmas en el imaginario de las comunidades que están supuestos servir. Una vez estos fantasmas se instalan como prejuicios en la cultura de los pueblos, es la ideología de Estado la que gobierna esos prejuicios mediante las formas de sentir, pensar y actuar de sus sujetos: los ciudadanos nacionales de ese Estado.
En República Dominicana la historia no ha sido diferente. Recientemente, el tema migratorio vuelve a ser instrumentalizado por el gobierno actual con el fin de explotar un discurso histórico con el cual las clases gobernantes buscan reafirmar sus hegemonías políticas, económicas y sociales en la sociedad dominicana.
La más reciente ola de ese racismo de Estado empezó el 23 de septiembre del 2013, cuando el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 168/13 que ordena la revocación de la nacionalidad dominicana a Juliana Deguis. Esta joven mujer de padres haitianos nació hace 30 años en territorio dominicano. Ella nunca ha pisado suelo haitiano. Su vida la ha vivido en Yamasá, un pueblo situado al norte de Santo Domingo, donde llevaba normalmente su vida hasta el día en que la administración rechazó darle su acta de nacimiento. La sentencia le quitó su nacionalidad argumentando que al nacer sus padres estaban en situación “irregular”, o más bien de “tránsito” tal cual lo determinaba el mismo Estado. Más allá de su caso personal, la violencia de esta decisión judicial fue tal que se aplicó a todo ciudadano dominicano nacido de padres extranjeros en dicha situación entre 1929 y 2007.
Bajo la presión local e internacional, esta medida fue reconsiderada mediante un plan de “naturalización” en el 2014. El objetivo consistió en reexaminar la situación de estos dominicanos revocados de su nacionalidad. Pero el proceso se complicó aún más cuando este dispositivo fue realizado simultáneamente con un plan de regularización de trabajadores inmigrantes sin papeles. Combinando ambos procesos jurídicamente distintos, quedó evidenciado el propósito discriminante ante una población específica (padres y madres haitianas e hijos dominicanos) por parte del Estado Dominicano. De igual modo, se demostró el abandono e indiferencia por parte del Estado haitiano de sus ciudadanos durante el proceso de acompañamiento y suministro de documentos para la regularización de los ciudadanos emigrantes en tierra dominicana. Ambos casos, muestran el tira y jala del accionar Estatal con sus conciudadanos más vulnerables: por un lado, el desinterés del Estado haitiano por esa misma población que se vio obligada a partir en busca de mejores condiciones de vida. Y del otro lado, el Estado dominicano que busca no solo deshacerse de cientos de miles de inmigrantes utilizados meramente como mano de obra, pero de igual modo enmarcar a sus hijos en el mismo trayecto temporal y precario de sus padres.
¿Cuál es el balance de todo este proceso? Sobre 53,000 dominicanos negados de ciudadanía, solo 8,755 cumplieron con el procedimiento de re-naturalización. Si bien el gobierno anuncia hoy la restitución de la nacionalidad al resto de la población en cuestión, esto permanece turbio: en caso que la restitución sea efectiva, ¿de qué sirve esta naturalización para una población que es en sí dominicana? ¿De qué vale esta nacionalidad inscrita en un registro civil específico al resto de la población, distinguiendo así “cualidades” de dominicanos? Por otro lado, de los 500,000 trabajadores haitianos censados, solamente 288,000 han logrado inscribirse en el plan de regularización sin saber cual será su suerte jurídica ya que solamente 1.6% de inmigrantes registrados disponen del conjunto de documentación necesario para regularizar su estatus. En la espera de una decisión clara por parte del gobierno, el resultado esta ahí: miles de inmigrantes y de dominicanos están sujetos a ser expulsados en cualquier momento.
A la segregación de hecho que denegaba el acceso de estas poblaciones nacionales y extranjeras para poder escolarizarse, trabajar, alojarse o medicarse, se agrega una segregación legal, véase la amenaza de una expulsión de su propio territorio.
¿Quiénes son esas personas que ya no merecen vivir en República Dominicana o ser ciudadanos del país? Principalmente los hijos de una inmigración haitiana llegada desde hace un siglo, para trabajar en las grandes plantaciones de caña, y luego en los sectores de agricultura y de la construcción. Durante decenios, los empleadores –en ocurrencia el Estado y más recientemente el sector privado– han regulado estos desplazamientos acordando un estatus migratorio de “tránsito”, que permitía mantener estas condiciones de trabajo precarios y negar el acceso de los migrantes a un conjunto de servicios sociales.
Para ejercer tal relegación sin ser sospechados de discriminación alguna, los magistrados del Tribunal se refugiaron detrás de la fuerza jurídica. Se trata sin embargo de un asunto eminentemente político, ya que la ley está abiertamente dirigida a una población en función de su origen étnico. Similar a las medidas que recuerdan los peores momentos de nuestra historia contemporánea, esta se basa en los ideales y los intereses de una cierta clase dirigente que no ha cesado de agitar la supuesta amenaza de los haitianos al “carácter nacional dominicano”. La llegada al poder del Partido de la Liberación Dominicana, y su decisión de aliarse con un partido conservador notablemente anti-haitiano y con las élites económicas detentoras de ingenios azucareros, han precipitado el retorno de lo inhibido.
Estas ideas datan del período de la independencia (1844), conquistada contra el ocupante haitiano, y no contra el imperio español como en la mayoría de las repúblicas latinoamericanas. Desde ese entonces los dirigentes de la franja conservadora del país han utilizado frecuentemente la cuestión haitiana para construir un discurso nacionalista fundado en base a las oposiciones español/creole, catolicismo/vudú o la más tajante de todas, aquella entre los negros (haitianos) y los dominicanos sin importar cuál sea su mestizaje. Partir de estos criterios para definir la pertenencia legal y social a la Nación es un medio de imponer la hegemonía de una minoría política y de servirse para hacer desaparecer de su panorama nacional a toda persona extranjera a sus normas. Disimulado bajo el discurso del “interés nacional”, este racismo de Estado reaparece hoy y legitima la exclusión social y espacial de una población negra mayoritariamente relegada a los estratos más bajos del mundo del trabajo (jornaleros, obreros y empleados).
No es cuestión de azar que sean aquellos quienes están más sometidos a la regresión de los derechos sociales (condiciones de trabajo, relaciones salariales, educación, salud) que son súbitamente proclamados ilegítimos en el territorio. A través de la creación de un clima de tensión que busca distinguir un ‘‘Ellos’’ de un ‘‘Nosotros’’, sobretodo en las clases populares, esta violencia institucional es un medio de disimular el retiro del Estado social dominicano.
A pesar de las múltiples movilizaciones contra estas medida, las condenas de instancias de derechos humanos, de gobiernos y de una parte de la prensa internacional, el Estado dominicano afirma que su decisión es irrevocable.
Ese racismo de Estado que se esconde detrás de lo jurídico viene a borrar la historia misma de un pueblo: la de una clase obrera inmigrante negra y la de sus hijos dominicanos. Esto es un asunto político que solo en el campo político puede resolverse. Cuando la dignidad humana está en peligro, ni las leyes ni las instituciones son irrevocables.

Este contenido ha sido publicado originalmente por teleSUR bajo la siguiente dirección:
http://www.telesurtv.net/opinion/Racismo-de-Estado-en-Republica-Dominicana-20150711-0055.html. Si piensa hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y coloque un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. http://www.teleSURtv.net