Jeanine Áñez

Bolivia denunció que varios implicados en el asesinato de Jovenel Moïse estuvieron en La Paz para atentar contra Luis Arce

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El Gobierno de Bolivia denunció este lunes que varias personas implicadas en el magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, estuvieron en La Paz en víspera de las elecciones de octubre de 2020, para intentar atentar contra el entonces candidato y actual presidente, Luis Arce.

En una rueda de prensa, el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, confirmó que el 16 de octubre del año pasado, dos días antes de los comicios generales en Bolivia, ingresaron varios de los mercenarios acusados de asesinar a Moïse en Haití. “Lograron identificar que se estaba gestando un plan desestabilizador con el objetivo de no permitir que nuestro presidente asumiera el poder, en caso de ganar las elecciones”, apuntó.

Según la investigación, uno de los implicados en hacer los contactos con los mercenarios fue el exministro de Defensa del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, Fernando López, allegado del opositor Luis Fernando Camacho. La participación de uno de los miembros del gabinete en estos planes ya había sido difundida a mediados de este año por el portal The Intercept.


De acuerdo a las revelaciones de ese medio, que accedió a correos electrónicos y grabaciones de llamadas, López habría estado dispuesto a desplegar fuerzas militares extranjeras para impedir la asunción de Arce, o atacar a su Gobierno incluso después de que tomara el poder.

En la comparecencia, Del Castillo difundió otras grabaciones en las que se escucha al exministro negociar sobre el traslado de paramilitares y sicarios a Bolivia, que permitieran evitar el triunfo de Arce.

Para esta operación se habría pactado un pago de 125 000 dólares al año a los mercenarios, además de bonificaciones y reembolso de gastos, con la mediación de un hombre identificado bajo las siglas de J.E.P., que permanece actualmente recluido a una cárcel de máxima seguridad boliviana, y Luis Suárez, apodado como ‘ciber rambo’, que habría realizado trabajos para el Gobierno de Jeanine Áñez.

¿Quiénes son los implicados?

Presidente de Haití, Jovenel Moïse, junto a su esposa Martine Moïse. Foto: Andres Martinez Casares / Reuters / Archivo

El Gobierno cruzó los datos proporcionados por The Intercept con reportes de inteligencia para determinar que había existido una coordinación para atentar contra el mandatario, cuando aún era candidato.

Aunque el ministro de Gobierno no ofreció detalles del resto de funcionarios de Áñez que se reunieron con los mercenarios, en vista de que la investigación aún está en curso, sí ofreció la identidad de varias personas que aparecen actualmente implicadas en el magnicidio a Moïse.

Una de esas personas es German Alejandro Ribera García, excapitán colombiano detenido en Haití, y Arcangel Pretel Ortiz, quien ha sido señalado por Martine Moïse como uno de los implicados en el asesinato de su esposo. Ambos habrían estado en Bolivia entre el 16 y el 19 de octubre de 2020.

“Este [Germán Ribera], quien aceptó haber participado del asesinato del presidente de Haití, llegó a Bolivia dos días antes de las elecciones nacionales [de 2020]. Eso no es todo, entre las fechas 16 y 19 de octubre, también logramos identificar el ingreso al país de otros señores”, dijo.

En la lista de personas que viajaron a La Paz por esas fechas también figura el opositor venezolano Antonio Intriago Valera, dueño de la empresa CTU Security (registrada como Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC), quien contactó a los mercenarios que mataron al expresidente haitiano y también estuvo vinculado a la fallida Operación Gedeón en Venezuela. Ronald Salamandra y Enrique Galindo Arias engrosan el registro de ciudadanos que viajaron a Bolivia desde EE.UU. y vía terrestre por Viru Viru (Santa Cruz).

“La intención principal de estos señores era acabar con la vida del presidente”, insistió el actual ministro de Gobierno tras detallar que Ramírez y Arias se alojaron en un hotel de la capital boliviana, muy cercano a la concurrida Plaza Murillo, donde Arce realizaba concentraciones. Sin embargo, informes de inteligencia dentro del propio partido alertaron del peligro y el comando de campaña del MAS decidió no realizar más actos al aire libre.

De acuerdo a otros informes de inteligencia, que aún son parte de las pesquisas del caso, revelaron que varios de los señalados se habrían hospedado en el hotel Marriott de Santa Cruz con varias autoridades del Gobierno de Áñez, desde el 19 hasta el 23 de octubre, cuando finalmente abandonaron el país con destino a EE.UU. y Colombia.

“Como teníamos conocimiento de la presencia de grupos armados, la mayoría de las apariciones públicas del presidente fueron en lugares cerrados. Para el día de su posesión, creamos anillos de seguridad, incluso dentro de la Asablea Legislativa Plurinacional”, precisó Del Castillo, quien reiteró que “en Bolivia hubo un intento de magnicidio”.

“No es coincidencia –aseveró el ministro– que quien está detenido en Haití por haber participado en el asesinato de un presidente, haya estado en Bolivia días previos y posteriores a las elecciones en las que ganó el presidente Arce, y que el señor Fernando López, que fue una cuota de poder de Luis Fernando Camacho en el Gobierno de Áñez, haya tenido contactos constantes con estos grupos irregulares y paramilitares, mediante empresas tercerizadoras”.

En video, ¿Qué hay detrás del magnicidio de Moïse?

En video, Implicados en el magnicidio de Jovenel Moïse estuvieron en La Paz

(Tomado de RT en Español)Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en WhatsAppCompartir en Telegram

Breve crónica sobre la injerencia de la OEA en Bolivia

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Evo Morales y Luis Arce en una reunión del partido celebrada en Buenos Aires, Argentina, 17 de febrero de 2020. Foto: Reuters.

El pasado mes de noviembre de 2020, el candidato del Movimiento al Socialismo Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos (MAS-ISP), Luis Arce Catacora, ganó las elecciones presidenciales en Bolivia, poniendo punto final al oscuro período de de facto encabezado por Jeanine Añez.Desde ese momento, el nuevo gobierno ha concentrado sus esfuerzos en resolver las crisis sanitaria, política y económica que heredó de la administración anterior.

Durante este proceso, ha tenido que superar los numerosos obstáculos y sabotajes de la oposición boliviana, que se ha apoyado en organizaciones internacionales y regionales. En este caso, destaca la injerencia en los asuntos internos de Bolivia de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de su secretario general Luis Almagro.


Un breve examen de los hechos del pasado reciente, nos van a permitir comprender este inaceptable comportamiento que lacera la soberanía del país sudamericano. Las elecciones presidenciales del 2019 en Bolivia tuvieron lugar en un ambiente de tensión causado por los cabildos convocados por los Comités Cívicos de las ciudades de Santa Cruz y La Paz. En estas concentraciones líderes de la oposición llamaron abiertamente a desconocer los resultados de las elecciones. Ellos, junto a los medios de comunicación y las redes sociales implantaron de esa manera la narrativa sobre el fraude que supuestamente iba a cometer el Movimiento al Socialismo.El 20 de octubre de 2019, se realizaron los comicios generales. En horas de la noche, se detuvo por problemas técnicos el sistema de conteo rápido, cuando se habían escrutado el 83,76 % de los votos. Esta situación, fue aprovechada por Carlos Mesa, líder de Comunidad Ciudadana que precipitadamente, sin esperar la llegada de los resultados del conteo de los votos del área rural, que obviamente favorecería al MAS, anunció una segunda vuelta electoral que ocasionó enfrentamientos entre simpatizantes de estas fuerzas políticas. Este fue el inicio de una escalada de violencia que devino en la quema de Tribunales Electorales Departamentales y propiedades privadas de diputados y gobernadores del MAS en varias ciudades del país.

En este contexto, el gobierno del Estado Plurinacional solicitó a la OEA, realizar una auditoría para definir los resultados de las elecciones, que dieron la victoria a Evo Morales Ayma  y que no fueron aceptadas por las fuerzas de oposición que continuaron convulsionando el país exigiendo una segunda vuelta.

La OEA, en respuesta a ese pedido envió una comisión para auditar el proceso y rompió sorpresivamente los términos pactados tal y como declara Diego Pari, el entonces canciller de Bolivia:” El elemento fundamental del incumplimiento del acuerdo es justamente uno de los elementos centrales del golpe de estado. Primero Luis Almagro incumple absolutamente todos los puntos del acuerdo que se había establecido para la realización de la auditoria. Un elemento evidente del incumplimiento: los plazos.

El jefe de gabinete de Luis Almagro nos llamó el día 7 de noviembre para decirnos que no estaban en la capacidad de poder entregar el informe el día 12 de noviembre fecha que habíamos pactado nos dijo que necesitaba uno o dos días más adicionales para poder concluir este informe. Nosotros accedimos ante la imposibilidad que tenía la OEA para poder entregar el informe de auditoría, accedimos a esta ampliación de plazo y acordamos que se debía entregar este informe el día 13 de noviembre del año 2019” .

Sin embargo, de manera inconsulta el día 9 de noviembre la OEA publicó un comunicado sugiriendo que se realizaran nuevas elecciones en el país. La cancillería boliviana le pidió explicaciones sobre este hecho y es entonces que salió a la luz en la madrugada del 10 de noviembre, un informe preliminar, que señalaba” serias irregularidades” en el conteo de los votos. Resulta una extraña coincidencia que horas más tarde se produjera el amotinamiento de la policía y la sugerencia de renuncia hecha por el alto mando militar a Evo Morales. Es evidente que la OEA fue una pieza clave en el golpe de estado.

La policía reprime a los manifestantes a favor de Evo Morales. Foto: Archivo

El 12 de noviembre tuvo lugar la autoproclamación de la senadora Jeanine Añez como presidenta del país, amparándose en un “supuesto vacío de poder”, ante la renuncia de las principales autoridades, pero violando deliberadamente la línea de sucesión prevista en la Constitución.En ese contexto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en sesión extraordinaria del Consejo Permanente, para analizar los sucesos en Bolivia, el 13 de noviembre de 2019 expresó: “En Bolivia hubo un golpe de estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”.

Estos hechos están muy lejos de ser casuales, por el contrario, confirman la complicidad y participación de la OEA y Almagro en el golpe de estado. Por esa razón es importante recordar las polémicas declaraciones del secretario general en su visita a Bolivia en mayo del 2019, cuando aseguró que sería discriminatorio que Morales no pudiera presentarse nuevamente a las elecciones.

Este apoyo repentino a la candidatura del jefe del MAS, desoyendo los reclamos hechos por la oposición boliviana a la Corte Interamericana de Justicia para que declarara ilegal la postulación, constituye un indicio sospechoso que bien podría ser parte de una estrategia para fomentar la confianza en el foro regional. Dicha confianza propició que el Tribunal Supremo Electoral solicitara la participación de la OEA mediante una auditoria para resolver la convulsa situación en Bolivia en el marco de los comicios generales de octubre del 2019.

Lo acontecido en Bolivia fue un golpe de nuevo tipo, multidimensional, cívico, militar y policial, donde al igual que en experiencias anteriores en otros países tomaron parte los medios de comunicación, las redes sociales, la derecha nacional, la iglesia, así como países que enmascararon sus verdaderos intereses a través de organizaciones regionales e internacionales.

Sin embargo, la intromisión de la OEA y su secretario general en los asuntos internos de Bolivia han mantenido un carácter constante y ofensivo. El pasado mes de marzo al producirse la detención de la ex presidenta Añez y dos de sus ex ministros en el marco de la investigación del caso denominado Golpe de estado, Almagro volvió a arremeter contra el gobierno boliviano. Esta vez manifestó su inquietud “ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de gobierno» en Bolivia.

También propuso formar una comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de gobierno del expresidente Evo Morales hasta la actualidad, incluyendo la administración de Añez. Exigió además una reforma al sistema de Justicia boliviano, que se establezca a partir de un gran diálogo en el que intervengan actores políticos, académicos y sociedad civil de la mano de la cooperación internacional.

La cancillería boliviana a través de un comunicado expresó su descontento e hizo un llamado a los estados miembros a defender la Carta de la OEA que privilegia la no intervención, el respeto a la autodeterminación de los pueblos, el diálogo, la negociación y la búsqueda de consensos. En ese mismo documento el Ministerio de Relaciones Exteriores argumentó: “La Carta de la OEA determina claramente el mandato del secretario general que el Sr. Almagro debe cumplir. El Estado Plurinacional de Bolivia defenderá su soberanía, la independencia de sus órganos y no caerá en provocaciones malintencionadas”.

Otro acontecimiento más reciente da cuenta de la misma actitud injerencista de Luis Almagro. Como parte de las investigaciones sobre el Caso penal Fraude Electoral, el Ministerio Público boliviano encargó al Grupo de Investigación Deep Tech Lab de BISITE de la Fundación General de la Universidad de Salamanca de España, una investigación en el Área de Seguridad Informática y Administración de Redes sobre la integridad informática de los resultados de las elecciones del 20 de octubre de 2019.

Las conclusiones de dicho proceso se dieron a conocer en el mes de julio de 2021 y determinaron que hubo algunas deficiencias e incidentes que no suponían riesgos para la integridad del proceso electoral, ni para los resultados del cómputo oficial. Se señaló además que no existió manipulación de los votos debido a que el sistema informático contó con la consistencia necesaria y en ningún momento fue alterado.

Ante estos resultados, la Comisión de Fiscales bolivianos a cargo del proceso penal, determinó que el hecho investigado no constituye delito, de acuerdo con lo que se dispone en el artículo 323.3 del Código de Procedimiento Penal, dando paso al cierre del caso Fraude Electoral.

El rechazo y cuestionamiento de la oposición boliviana a esta determinación fue secundada por la OEA, que en esta ocasión a través de la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia emitió un comunicado el 9 de agosto de 2021. En dicho documento cuestiona los resultados de la investigación de la Universidad de Salamanca e insiste en la veracidad y transparencia de los resultados de la auditoría realizada por la OEA a las elecciones presidenciales bolivianas en octubre del 2019.

En respuesta a este irrespetuoso pronunciamiento el gobierno boliviano solicitó una sesión extraordinaria virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que tuvo lugar el 25 de agosto del presente año. En esta reunión la delegación del Estado Plurinacional con el respaldo de argumentos jurídicos, enfatizó que no hubo fraude en los comicios del 2019 y exigió que se respete la independencia y la soberanía del país.

En marzo fue detenida la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, luego del golpe de Estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.

Las palabras del canciller boliviano Rogelio Mayta, dejaron al descubierto el verdadero sentido del comportamiento de Luis Almagro.” Por qué el furibundo ataque de Almagro contra el peritaje y el proceso penal en el que se debate el fraude que acusó, porque ese peritaje pone en evidencia que su accionar fue uno de los detonantes de la crisis política que sufrimos en el 2019”

Ante la supuesta validez y carácter vinculante de la auditoría de la OEA, reclamada por Almagro, el canciller Mayta explicó que el acuerdo suscrito para la auditoría no establecía la entrega de un informe preliminar, como sucedió en octubre de 2019, o que el informe sustituiría peritajes o sentencias en materia penal y menos la labor de fiscales y jueces bolivianos.

En ese mismo foro el ministro de Justicia de Bolivia, Ivan Lima, enfatizó que Almagro “representa el dolor, la muerte y la humillación de los bolivianos”, al mismo tiempo el canciller recalcó que el secretario general asume “claramente partido en la política interna de Bolivia, en contra del MAS y ahora contra el Gobierno legítimo”. 

El comportamiento injerencista de Luis Almagro y de la Organización de Estados Americanos, en los asuntos internos de Bolivia, está estrechamente relacionado con los intereses de la potencia que representan. Esta organización, se ha encargado a lo largo de los años de hacer cumplir la política exterior de Estados Unidos, garantizando sus planes hegemónicos en el continente.

Las investigaciones sobre el golpe de Estado al presidente Evo Morales en el 2019, dan cuenta de la complicidad de la OEA, en este hecho. En pleno siglo XXI, lo acontecido en Bolivia, involucra además a otros gobiernos de derecha de la región que aportaron armas para que el gobierno de Añez reprimiera a los partidarios del MAS. Nada más parecido a una versión moderna del Plan Cóndor.

El gobierno de Luis Arce Catacora ha dejado claro que no aceptará la injerencia y la violación de la soberanía y que tomará otras medidas si persisten estas acciones. Ha convocado además a los Estados miembros a analizar el papel de la OEA, que especialmente en los últimos tiempos ha estimulado la discordia y el enfrentamiento en la región en total contradicción con los principios de la carta fundacional de la organización.

El Ministerio de Colonias y su impresentable secretario general Luis Almagro han quedado cuestionados y señalados por Bolivia que ya no es más un estado subordinado y dependiente de poderes externos.

Si este hecho se convertirá en un detonante para que los países del continente exijan la refundación o desaparición de la OEA, aún está por ver. Sin embargo, es una posibilidad que no debe descartarse en medio de los cambios actuales que se necesitan con urgencia para dar paso a un nuevo sistema de relaciones internacionales.