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Cadal: La ONG obsesionada con Cuba y financiada con aportes de Estados Unidos
Cadal es una fundación que está obsesionada con Cuba y la caída de su modelo socialista. Su activismo va dirigido a potenciar el llamado 15-N. No es una ONG anticastrista con sede en Miami, ni una surgida en España, el país donde se realizará la mayor cantidad de actos el lunes 15 de noviembre contra el gobierno de la isla.
Opera desde la calle Basabilvaso 1350, en CABA, a una cuadra de Plaza Retiro. Es una organización civil creada el 6 de mayo de 2003 durante la presidencia de Eduardo Duhalde que creció gracias a considerables aportes económicos provenientes de Estados Unidos. Sus fondos, declarados por el propio Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), han sido pagados por el Departamento de Estado, la NED, la Red Atlas Network, el Directorio Democrático Cubano y otras ONG con una visión unidireccional del mundo: la que abre los ojos solo para ver lo que ocurre en los países que no se someten a las políticas de Washington.
A lo largo de sus casi 19 años de existencia no cambió casi nada su obstinada prédica anticubana. En 2012 – cuando Página/12 publicó la primera nota sobre esta fundación – llevaba editados dieciséis libros. Nueve habían sido escritos con denuncias contra La Habana. En 2021 lleva organizados veintidós eventos virtuales, de los cuales quince fueron sobre Cuba. El 21 de enero arrancaron con uno titulado: ¿Es la Celac un organismo regional creado para avalar el autoritarismo? Cadal se respondía sola: “Es decir, vale igual una democracia como la de Costa Rica, Chile y Uruguay que una autocracia como la de Venezuela y una dictadura de partido único como Cuba”.
Siguieron haciéndose preguntas el 16 de febrero en una segunda conferencia: “¿Hasta cuándo la criminalización de la libertad de asociación, expresión y reunión en Cuba?” “¿Hasta cuándo los derechos fundamentales serán considerados delitos en Cuba?”
El 7 de abril convocaron al foro “Cuba, un país sin libertad de expresión”. En meses sucesivos siguieron con “Experiencias y desafíos del relevamiento de datos en Cuba”; “Diásporas en América Latina: Cuba y Venezuela”; “La izquierda democrática y los derechos humanos en Cuba”. Tampoco estuvo ausente el tema “La pandemia en sociedades cerradas. Los casos de Corea del Norte, Cuba y Guinea Ecuatorial”, entre otros.
Plan en marcha
En la isla denunciaron a Cadal en su sistema público de medios. El gobierno de Miguel Díaz Canel sabe que hay un plan en marcha para desestabilizarlo el 15-N en el que juegan un rol clave esta ONG y varias más desde el exterior. La fundación tiene nuevas autoridades y el consabido respaldo económico obtenido básicamente en EE.UU.
El plan consiste en repetir y amplificar los efectos de las marchas del 11 de julio pasado en varias ciudades cubanas, con epicentro en La Habana. Esas protestas serán acompañadas por diferentes actos en casi medio centenar de ciudades de 23 países. Una reducida cantidad de Estados si se la compara con las naciones que se pronuncian cada año contra el bloqueo de EE.UU en la ONU. En 2021 fueron 184 votos a favor de Cuba, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania). La solidaridad internacional con Cuba es inversamente proporcional a la convocatoria del 15-N.
Cadal, que según registros de la Inspección General de Justicia (IGJ) cambió sus autoridades el 23 de abril de este año en una asamblea virtual, se volvió casi monotemática. Cuba y en menor medida Venezuela y Nicaragua, son los objetos de estudio permanente de esta asociación civil. Su dependencia de EE.UU no permite encontrar demasiados documentos o artículos de su staff con comentarios críticos a la represión contra el movimiento Black Lives Matter, las violaciones a los derechos humanos que se cometen en sus calles o el racismo irrespirable de sus fuerzas policiales.
En su sitio digital apenas son visibles dos notas sobre el asesinato del joven negro George Floyd. Una de ellas es de su presidenta, Sybil Rhodes. El crimen cometido por la policía de Minneapolis fue un tema dominante de la política mundial en 2020. Marcó el inicio de movilizaciones por todo EE.UU y en ciudades como París, Berlín, Ámsterdam, Toronto y Sidney. El 11 de abril de este año y otra vez en Minneapolis, fue asesinado Daunte Wright, de 20 años. No fue por asfixia como sucedió con Floyd y sí por un balazo policial. También era un joven afroamericano. Hubo protestas otra vez y represión como respuesta.
Rhodes, la máxima autoridad de Cadal, es una ciudadana estadounidense doctorada en Ciencia Política por la Universidad de Stanford que vive en la Argentina. La acompaña desde la vicepresidencia la periodista y directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Norma Morandini. El Consejo de Administración lo completan el consultor Carlos Fara, el abogado Bernabé García Hamilton y el ingeniero José Montaldo.
Cadal tiene además un comité ejecutivo. Lo dirige Gabriel Constancio Salvia, uno de sus fundadores en 2003. Le gusta definirse como periodista itinerante y activista internacional de DD.HH. Es el integrante de perfil más alto, un activista que viajó a Cuba en 2014 y se le impidió la entrada cuando intentaba boicotear la cumbre de la Celac con un foro paralelo. Su prédica contra Cuba coincide con ataques contra el movimiento de DD.HH de nuestro país. El 24 de marzo del 2020 se preguntó: “Qué tan defensoras de los Derechos Humanos son las organizaciones argentinas”.
Esa conducta de doble rasero es muy común en la fundación. No suele ocuparse de la política sanitaria de Jair Bolsonaro en Brasil que causó 609.060 muertos hasta hoy, ni de las denuncias contra el presidente por crímenes contra la humanidad. La última fue hace menos de un mes ante la Corte Penal Internacional (CPI). La realizó la ONG austríaca AllRise. Es la cuarta que acumula el político ultraderechista por delitos medioambientales. Las múltiples violaciones a los DD.HH de su régimen militarizado no entrarían en esta nota.
La lista de muertes provocadas por las fuerzas de seguridad o parapoliciales de países modélicos para Cadal (Estados Unidos, Chile y Colombia) no tiene demasiado espacio en sus denuncias. Las masacres del estado colombiano comenzaron en 1928 con la llamada Masacre de las bananeras. El hecho lo retrató Gabriel García Márquez en Cien años de soledad. Una huelga de los obreros de la United Fruit Company estadounidense fue sofocada con el ejército. Nunca se supo bien la cantidad de víctimas. La historia es circular. Hoy los asesinatos de líderes sociales se cuentan por centenares. El gobierno de Iván Duque es tan cómplice como ineficaz para frenarlos.
Aportes
Cadal, una entidad que se declara a favor del desarrollo de América Latina, dice que se financia con “fundaciones privadas, agencias públicas y embajadas de países democráticos. También recibimos contribuciones de empresas e individuos”. En su nómina de aportantes se destaca el Bureau por la Democracia, Derechos Humanos y Trabajo (DRL) que funciona dentro del Departamento de Estado de EE.UU.
Además, la Red Atlas Network, que dispone de enormes recursos y fue presidida hasta 2017 a escala global por un argentino, Alejandro Chafuen. Se trata de un personaje con dilatada trayectoria en el mundo económico de EEUU. En nuestro país dejó su huella en la liquidación de la financiera Coimpro y fue condenado en 2005 por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Otros apoyos de Cadal son la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF, por sus siglas en inglés) creada por la OEA en 1962; el Directorio Democrático Cubano, una de las principales organizaciones de la diáspora; el Fondo Nacional para la Democracia (NED), una iniciativa del gobierno de Ronald Reagan que nació en 1983 y la inefable Fundación Ford.
(Tomado de Página 12)
Las redes globales de la extrema derecha 2.0
Los que siguen pensando que la nueva ultraderecha es un fenómeno nacional o limitado solo a algunos países están muy equivocados. Vale la pena aclararlo una vez más: la extrema derecha 2.0 es una gran familia global con lazos transatlánticos y un sinfín de think tanks, fundaciones, institutos y asociaciones que en las últimas dos décadas han ido tejiendo una tupida red que promueve una agenda compartida, además de mover sumas ingentes de dinero.
Desde Washington a Budapest, desde Moscú a Bruselas, desde Brasilia a Lisboa, desde Roma a París, desde Madrid a Lima, desde Varsovia a Liubliana. Existe una especie de Internacional reaccionaria que reúne a la crème de la crèmede las formaciones del conservadurismo radical y del ultraderechismo a escala global. Eso sí, hay divergencias entre varios de sus miembros, no faltan roces y fricciones, a veces chocan e incluso algunos no se pueden ni ver, pero al final colaboran, intercambian informaciones, discursos, prácticas y conocimientos porque es más lo que comparten que lo que les diferencia.
En Bruselas se cuecen habas
No es nada fácil trazar un mapa a nivel internacional de estas redes, también por su opacidad, pero podemos intentar apuntar un primer esbozo. Empecemos por el ámbito europeo porque es en Bruselas donde se cuecen muchas habas. Las conexiones facilitadas por la presencia en la capital comunitaria de los diputados de las formaciones de extrema derecha de prácticamente todos los países de la UE ha permitido, paulatinamente, desde finales de los ochenta, la construcción de unas relaciones que hoy en día son más que estables. La existencia de los grupos parlamentarios de Identidad y Democracia (ID) y de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) ofrece unos lugares donde compartir ideas y experiencias, además de elaborar una agenda común. Sin contar la financiación de la cual disponen. ID está liderado por la Liga –el presidente es el salviniano Marco Zanni– y cuenta, entre otros, con la Agrupación Nacional de Le Pen, Alternativa para Alemania y los Partidos de la Libertad austriaco y holandés, mientras que ECR está liderado por los polacos de Ley y Justicia y tiene entre sus miembros a muchas formaciones del este, además de Vox, los Demócratas de Suecia y Hermanos de Italia, cuya líder, Giorgia Meloni, ocupa actualmente la presidencia del grupo.
Es cierto que ni en el pasado ni en la actualidad la extrema derecha ha conseguido unificarse en un solo grupo en el Europarlamento, ni en un solo partido de ámbito comunitario, pero, aunque es difícil, no lo podemos descartar en el futuro. La reciente expulsión de Fidesz del Partido Popular Europeo, sumada a la salida de los eurodiputados británicos, tanto los del brexit Party de Nigel Farage como de los Toriesultraderechizados de Boris Johnson, ha removido las aguas. Llevamos meses donde unos más que otros –empezando por el líder de la Liga, Matteo Salvini– intentan llegar a un acuerdo para convertir a los euroescépticos en el tercer grupo de la Eurocámara, justo por detrás de los socialdemócratas. En julio pasado, una buena parte de estas formaciones, con Orbán, Le Pen, Abascal y Salvini a la cabeza, firmaron un manifiesto en defensa de una Europa cristiana donde la soberanía nacional debería prevalecer sobre la comunitaria, que apuntaba maneras.
Conservadores con la camisa parda
Ahora bien, más allá de las relaciones entre los diferentes partidos de la galaxia ultraderechista en Bruselas o de forma bilateral –Abascal visitó a Orbán en mayo, Meloni estuvo en la fiesta de Vox en Madrid hace unas semanas, Salvini participó en el congreso de los portugueses de Chega en primavera–, cobran más importancia las redes globales tejidas por fundaciones y think tanks que se presentan, en muchos casos, como independientes. Una de estas es la renombrada Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que reúne el Gotha del mundo conservador norteamericano y que, además de invitar cada año a algún líder europeo (Marion Maréchal-Le Pen en 2018, Giorgia Meloni en 2020), tiene tentáculos en Australia, Japón y Brasil. En el país latinoamericano, por ejemplo, organiza desde 2019, gracias al apoyo que le ofrece el presidente Jair Bolsonaro, una conferencia anual.
En la que se ha celebrado a principio de septiembre en Brasilia, además de las élites bolsonaristas, estaba también una delegación estadounidense. La lideraban Donald Trump junior, Jason Miller, exportavoz de Trump y actual CEO de Gettr, la nueva plataforma social lanzada por el expresidente norteamericano tras su exclusión de las redes sociales tradicionales, y Matthew Tyrmand que, tras sus pinitos en Breitbart News de la mano de Steve Bannon, es una de las figuras clave del Proyecto Veritas, una ONG ultraderechista que acosa a periodistas y docentes difundiendo vídeos fake grabados con cámaras escondidas.
Asimismo, encontramos la Fundación Edmund Burke, fundada en 2019 y vinculada a sectores ultraconservadores israelíes, estadounidenses y europeos. Una de las figuras clave es el filósofo israelí Yoram Hazony, autor del libro La virtud del nacionalismo y presidente del Instituto Herzl. En uno de los primeros encuentros organizados por la fundación –la Conferencia Nacional de Conservadurismo celebrada en Roma en febrero de 2020 y dedicada, no se lo pierdan, a Juan Pablo II y Ronald Reagan–, Hazony consiguió reunir, entre otros, a Meloni, Orbán, Abascal y Marion Maréchal.
Atención: no se trata aquí solo de sacarse la foto de rito, ni de estrechar lazos, que también, sino de elaborar una propuesta ideológica compartida y construir hegemonía. Que se le cite o no, la extrema derecha ha aprendido la lección de Gramsci, como explicó y puso en práctica con éxito hace décadas Alain de Benoist para revitalizar y transformar el neofascismo galo y, a la postre, europeo. Y la izquierda, en eso, debería aprender ahora de la ultraderecha. Evitemos malentendidos: no debería aprender en el sentido de copiar sus ideas como defienden los rojipardos o algún izquierdista despistado, sino en el sentido de reforzarse ideológicamente y entender que la batalla cultural es crucial ahora más que nunca.
Gladiadores y guerreros culturales
Lo mismo puede decirse para las escuelas de formación. Ya se sabe, los partidos no son lo que eran. Cierto. Pero la ultraderecha parece haber entendido que sin unas escuelas donde se forman cuadros –o, como los llaman ellos, líderes del futuro– no se va muy lejos en política. Y la extrema derecha 2.0 lo está haciendo ya a escala nacional y también global. Este es, por ejemplo, el objetivo del Instituto Superior de Sociología, Economía y Política fundado por Marion Maréchal en 2018: después de su sede francesa, ubicada en Lyon, hace un par de años se ha abierto también una sede en Madrid, presidida por Miguel Ángel Quintana Pérez y vinculada estrechamente, por más que lo desmientan, al entorno de Vox, a través de figuras como Kiko Méndez Monasterio y Gabriel Ariza, hijo del presidente de Intereconomía.
Sin embargo, ya antes, en los tiempos del gobierno nacionalpopulista italiano formado por la Liga y el Movimiento 5 Estrellas, el exconsejero de Donald Trump, Steve Bannon, había intentado algo similar en el monasterio de Trisulti, en las afueras de Roma. Con la colaboración del Instituto Católico Dignitatis Humanae, presidido por Benjamin Harnwell, Bannon se proponía crear una escuela populista que tenía como objetivo formar unos “guerreros culturales” y unos “gladiadores” para defender la cultura occidental judeo-cristiana. El caso de Trisulti, por más que haya fracasado, nos muestra la porosidad de estos ambientes: acérrimos ultraderechistas, miembros de la Alt-Right estadounidense, conservadores post-reaganianos, católicos integristas y un largo etcétera colaboran superando sus divergencias en proyectos transatlánticos, en este caso en la formación de nuevos cuadros.
Bannon, muchas veces presentado como una especie de genio del mal, ha estado a menudo vinculado con muchos de estos proyectos. Dejando de lado la capacidad para venderse a los medios de comunicación como un titiritero que mueve los hilos del guiñol, algo lejos de ser verdad, el exdirector de Breitbart News había también lanzado, allá por 2018, The Movement, una plataforma que se proponía unificar a la extrema derecha del viejo continente de cara a las elecciones europeas del año siguiente. O, como mínimo, ofrecerle apoyos y ayudas en análisis, estudios y propaganda. Es cierto que a Bannon la mayoría le cerró la puerta en la cara, excluidos Salvini, Meloni, Bolsonaro y el partido de oposición de Montenegro, pero no cabe duda de que a “Sloppy Steve” –“Steve el torpe”, como lo definió Trump en un memorable tuit– no le faltan ni recursos ni know-how. De hecho, más en la sombra que hace unos años, Bannon ha viajado recientemente a Madrid –no sabemos si para reunirse con Vox– y se ha movilizado para conseguir el éxito de la CPAC-Brasil (Conservative Political Action Conference).
Parece que en el último año Bannon ha ido reconduciendo sus desavenencias con Trump que, de hecho, le amnistió a última hora antes de dejar la Casa Blanca, imputado por defraudar a donantes para la construcción del muro en la frontera de México. Además, Bannon, siguiendo la voluntad del expresidente, se ha negado a comparecer ante el comité legislativo que está investigando el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, obligando a la Cámara de Representantes estadounidense a declararlo en desacato con la posibilidad –remota, pero existente– de que sea condenado a un año de cárcel.
Las lobbys integristas cristianas
De cara a las elecciones de finales de 2022, en las que Bolsonaro se juega la reelección, Brasil se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la extrema derecha que quiere conservar uno de sus más importantes bastiones a nivel mundial. Asimismo, el interés en América Latina ha ido en aumento con el avance de una nueva ultraderecha en la región, entre el giro ultra de Keiko Fujimori en Perú; la aparición de un libertarismo de extrema derecha en Argentina, de la mano de Javier Milei; o la candidatura de José Antonio Kast en las presidenciales chilenas de este mes de noviembre. No es casualidad que Vox, a través de la Fundación Disenso, haya lanzado el Foro de Madrid, una comunidad que denomina Iberosfera y que se propone como la alternativa ultra a los progresistas Foro de Sao Paulo y Foro de Puebla. De ahí el activismo de Santiago Abascal y Hermann Tertsch que han visitado México y Perú para establecer contactos que han atraído también a políticos antes vinculados con el PP, como el exmandatario colombiano Andrés Pastrana.
El caso latinoamericano nos lleva a hablar de una de las más poderosas redes globales que sirven a la extrema derecha 2.0 para entablar relaciones, elaborar una agenda común y encontrar financiación: la integrista cristiana. Hablamos en este caso de un verdadero lobby, comparable al de las armas, representado en Estados Unidos por la Asociación Nacional del Rifle y con tentáculos también en Europa. El mundo integrista cristiano ha ido creando foros de debate, fundaciones, think tanks y asociaciones desde finales de los años noventa, como mínimo. Además, supera las fronteras de las diferentes iglesias existentes, englobando o, por lo menos, poniendo en relación tanto a católicos como a ortodoxos y evangélicos.
Un ejemplo de los más conocidos es el Congreso Mundial de las Familias (WCF), organización fundada en Estados Unidos en 1997. El último congreso, hace dos años, se celebró en Verona – cuando Salvini era ministro del Interior–, mientras que en 2012 se realizó en Madrid. El WCF defiende una agenda provida y pro-familia tradicional y se opone al aborto y los derechos al colectivo LGTBI, tanto que el South Poverty Law Center la ha incluido en su listado de grupos de odio anti-gay. Y no se trata solo de los sectores críticos con Bergoglio dentro de la Iglesia católica: hay una parte del mundo ortodoxo, especialmente cercano a Vladimir Putin, como el oligarca ruso Konstantin Malofeev, promotor de la fundación San Basilio el Grande, que es parte integrante de esta red. Estamos hablando de un laberinto infinito de decenas y decenas de pequeñas y grandes asociaciones, a veces vinculadas directamente con las otras, a veces solo indirectamente, como, la española HazteOír, fundada en 2001 por Ignacio Arsuaga y muy cercana a Vox, que en 2013 ha lanzado su lobby internacional, CitizenGo.
Budapest y Varsovia, los centros de operaciones europeos
En esta como en otras cuestiones, el mundo ultraconservador ruso y de la Europa oriental ha estado muy activo desde el minuto uno. Por un lado, Putin se ha convertido en un referente para muchos ultraderechistas europeos, empezando por Marine Le Pen o Matteo Salvini, que han incluso recibido o, como mínimo, buscado financiación en las latitudes del Kremlin. Por el otro, la existencia de dos gobiernos ultraderechistas en Varsovia y Budapest ha permitido tener dos bases desde donde actuar. Para mencionar solo dos de las iniciativas más recientes, en mayo se ha inaugurado en Varsovia la nueva universidad de los ultras polacos, el Colegio Intermarium, promovida por el think tank católico Ordo Iuris. En el acto inaugural participaron una numerosa delegación húngara, otra estadounidense –con el ya citado Matthew Tyrmand, el director del Acton Institute, Alejandro Chafuen, o el escritor católico ultraconservador Rod Dreher– y el joven meloniano Francesco Giubilei, presidente de la Federación Tatarella y del think tank Nazione Futura, vinculados a Hermanos de Italia.
A finales de septiembre también se celebró en Budapest la Cumbre Demográfica, organizada por el gobierno magiar de Viktor Orbán, que reunió al exvicepresidente norteamericano Mike Pence, a los presidentes de diferentes países de la Europa del este que miran con interés al modelo húngaro –el esloveno Janša, el checo Babiš, el serbio Vučić, el serbio-bosnio Dodik–, a los franceses Éric Zemmour y Marion Maréchal, al salviniano Lorenzo Fontana o Jaime Mayor Oreja, presidente de la Federación Europea antiaborto One of Us y vinculado en la actualidad al instituto fundado por la nieta de Jean-Marie Le Pen en Madrid. El tema de la demografía, que la ultraderecha y el mundo cristiano conservador conectan con la inmigración y las políticas favorable a los derechos civiles, es justamente una de las estrategias que permite a la extrema derecha salir de sus fronteras ideológicas y entablar relaciones con sectores de por sí no tan radicales.
La extrema derecha 2.0 lleva tiempo rearmándose a nivel discursivo e ideológico. Y para hacerlo ha ido creando un sinfín de asociaciones, fundaciones, organizaciones, think tanksy revistas. Las que he mencionado en este artículo son solo la punta del iceberg. Debajo de las olas del océano, sin que nos demos cuenta, hay una red inmensa, poderosa y bien financiada. Si no queremos que el mundo progresista acabe como el Titanic, al descubrir la entidad real de esta red, hay que hacer dos cosas: investigar más cómo se mueve la nueva extrema derecha a nivel internacional y rearmarse mejor que ellos para frenar su avance y vencerlos. El tiempo apremia. Pongámonos las pilas.
(Tomado de Contexto y Acción)
WhatsApp dejará de funcionar en estos móviles a partir del 1 de noviembre
WhatsApp, la app de mensajería más popular del mundo, sigue avanzando en su camino y con ese avance vienen nuevas y más refinadas actualizaciones para la aplicación.
A medida que el servicio mejora, muchos dispositivos antiguos se quedan demasiado cortos para sus funcionalidades, de manera que WhatsApp inevitablemente deja de ser compatible con ellos. Esta es una noticia habitual y hoy de nuevo volvemos a contarte en qué móviles dejará de funcionar la app de mensajería.
Según ha publicado la propia compañía, WhatsApp dejará de ser compatible con los móviles que tengan el sistema operativo Android Ice Cream Sandwich —versión 4.0.4 y anteriores— a partir del 1 de noviembre de este año 2021.
Hasta el momento, WhatsApp requería utilizar como mínimo la versión 4.0.4 Ice Cream Sandwich de Android, pero ahora pasa a necesitar al menos el uso de Android 4.1 Jelly Bean o posteriores, como ha informado la compañía a través de su página de soporte.
De esta manera, la aplicación de mensajería deja de ofrecer soporte desde el 1 de noviembre de 2021 para este sistema operativo de Android, cuya última versión estable se lanzó en junio de 2012. Esta actualización en las compatibilidades del sistema operativo responde no solo a un tema de seguridad, sino que permite “una mejor experiencia”, explica la compañía.
WhatsApp ha recomendado a los usuarios afectados por esta decisión cambiarse a un dispositivo compatible con las versiones soportadas por la app o guardar su historial de chats antes del 1 de noviembre.
Recordemos que en marzo, WhatsApp también retiró su soporte de iOS 9, lo que significa que la aplicación dejó de actualizarse en el iPhone 4S y todos los móviles de Apple anteriores a este.
¿Qué móviles se quedarán sin WhatsApp a partir del 1 de noviembre?
Si has ido actualizándote en los últimos años no tienes mucho de qué preocuparte: los móviles que se quedan sin WhatsApp no son precisamente los más nuevos del mercado y son dispositivos que pocos usuarios tienen ya.
Algunos de los modelos que se verán afectados han sido móviles muy populares… aunque, claro, vendidos en 2012 y 2013. Por ejemplo, el Sony Xperia Arc S. A este se suman el Lenovo A660, el Huawei Ascend G615, el Honor 2, el ZTE Grand X Pro y el Huawei Ascend P1 LTE.
¿Por qué me quedo sin WhatsApp?
Como digo, el servicio de mensajería propiedad de Facebook es cada vez más sofisticado y cuenta con funcionalidades que necesitan cada vez mayor potencia. Por citar algunas de las que pronto llegarán, enseguida podremos escuchar audios antes de enviarlos, reacciones a los mensajes con emojis o tener un modo multidispositivo para poder conectar nuestra cuenta en varios dispositivos a la vez. Todo ello exige equipos con mayores prestaciones.
¿Es Joe Biden un libertador de la internet?
El viernes 16 de julio, en los jardines de la Casa Blanca y antes de abordar el helicóptero rumbo a la residencia de descanso en Camp David, Joe Biden declaró a la CNN que “la desinformación en las redes nos mata”. En particular, el presidente de Estados Unidos se refería a las publicaciones en la red digital Facebook sobre la vacunación contra la COVID-19 y acusaba a esa empresa de no hacer nada para evitarlas.
Facebook es la misma empresa que opera WhatsApp, y en ambas redes se han difundido no pocas noticias falsas relacionadas con la pandemia de la COVID-19 en Cuba. Pero si el presidente, el primer ministro o cualquier otro dirigente cubano dijera lo que Biden, el dispositivo de medios de comunicación e influencers que el Gobierno de EE.UU. financia contra la isla emprendería de inmediato el linchamiento del autor de semejante frase en nombre de la “libertad de expresión”.
No importa si se trata de la “expresión” de los viejos medios tradicionales, los creados en la época de Bush, los surgidos en la época de Obama o en la de Trump, la participación en la guerra de desinformación contra Cuba es unánime para quienes dicen reclamar pluralidad. Desde la agencia UPI diciendo que el “puerto” de Bayamo y el hotel Habana Libre habían sido tomados por los invasores de Playa Girón hasta el “Rey, tú sabes que yo soy bióloga” en los inicios de la pandemia de COVID-19, el que paga por desinformar sigue estando a 90 millas al norte de Cuba.
Sin embargo, todas las empresas de redes sociales digitales (Twitter, Facebook y Google) no han escatimado vías para bloquear las cuentas de medios rusos como RT y Sputnik, y, en el caso de Google, hasta desaparecerlos de las búsquedas en internet de manera temporal. También es un hecho que muchas cuentas de medios de comunicación, funcionarios y periodistas cubanos en Twitter han sido bloqueadas desde EE.UU. en momentos de relevancia política. Recientemente ha corrido igual suerte la cuenta de la Federación Estudiantil Universitaria, que agrupa a cientos de miles de jóvenes cubanos.
Los vínculos orgánicos de esas empresas con los servicios especiales y el Departamento de Estado norteamericanos están muy documentados por las revelaciones de Snowden y Wikileaks, y alcanzaron un esplendor particular en los dos mandatos de Obama, durante los que Biden fue vicepresidente. El Gobierno Obama-Biden es señalado como el que más ha perseguido a los informadores en Estados Unidos, incluso con ventaja sobre el de Richard Nixon, considerado hasta entonces el más obsesivo en ese aspecto.
Fue la alianza con las grandes empresas tecnológicas la que condujo al Ejecutivo encabezado por el mencionado dúo demócrata a perseguir con saña, hasta llevarlo al suicidio, al genial y muy joven informático Aaron Swartz por convertirse en un líder de la difusión libre del conocimiento en internet.
Swartz, acosado por el FBI, fue sometido a un proceso a nivel federal, en el cual el Gobierno lo hizo enfrentar 35 años de cárcel y un millón de dólares de multa. ¿Su delito? Descargar una base de datos con resultados de investigación científica financiada con dinero público, con la intención de liberarla en internet para acceso de todos los interesados. A diferencia de Biden, que habla de libertad y la persigue, Aaron fue consecuente: en 2008 había publicado un manifiesto denunciando “el robo privado de la cultura pública”.
No hubo clemencia de quien ahora dice preocuparse por el acceso a la información de los cubanos y utiliza figuras mediáticas convenientemente “mayamizadas” para hablar de libertad. Nada importó que Swartz, siendo apenas un adolescente, hubiera contribuido de manera sustancial a elementos que son hoy de uso corriente para compartir información en internet, como el RSS y el Creative Commons, que han aportado mucho más a la humanidad que quienes pagan lo mismo canciones que cócteles molotov como parte de un plan para desatar algo que aportará tanto al interés nacional estadounidense como a un baño de sangre a 90 millas de EE.UU.
La única libertad que interesa a un Gobierno cuyos ministros fueron designados por una corporación bancaria, según consta en los correos electrónicos entre Citibank y el equipo de transición de Barack Obama, filtrados por Wikileaks, es la libertad de hacer dinero, y Aaron Swartz era una amenaza para ello.
Como vicepresidente, el actual presidente de Estados Unidos no movió un dedo para que Cuba pudiera acceder a internet a través de los varios cables submarinos de fibra óptica que pasan a pocos kilómetros de sus costas y que se han mantenido prohibidos para las empresas cubanas. Hubo que financiar una conexión de 1 062 km de distancia, a un costo de 70 millones de dólares, que se extiende desde Camurí, cerca del puerto de La Guaira, en Venezuela, a la playa Siboney, en Santiago de Cuba. Tampoco desbloqueó los muchos sitios de información científica y tecnológica bloqueados para los desarrolladores informáticos cubanos.
Eric Schmidt, alguien que conoce bien tanto a Aaron Swartz como a Biden, visitó Cuba en 2015 siendo CEO de Google. Entonces estuvo en la Universidad de Ciencias Informáticas, donde varios estudiantes y profesores le expresaron sus quejas por no poder acceder a sitios de su megaempresa dedicados al desarrollo de software.
Schmidt dijo que les daría facilidades para un acceso “por la izquierda”, como se dice en cubano, y un profesor presente le respondió: “Nosotros no queremos brincar la cerca, queremos entrar por la puerta como todos”, y el ejecutivo estadounidense se comprometió a hablarlo con su Gobierno, precisamente el mismo del que Biden formaba parte. Lo que ha ocurrido desde entonces hasta el día de hoy es que esa situación, lejos de mejorar, ha empeorado, pero Joe Biden se ha comprometido a dar “internet sin censura a Cuba” ¡y gratis!
¿Un negocio más para empresas tecnológicas como las que se llenaron los bolsillos con dinero de los contribuyentes norteamericanos, diciendo que se vería en La Habana una televisión que nunca se ha visto? Muy probablemente. Biden llama “Estado fallido” a Cuba, pero no hay nada más fallido que los “creativos” intentos durante 60 años del Gobierno estadounidense por cambiar el régimen en la isla. Perdón, sí lo hay, es el modo en que los terroristas y extorsionadores de Miami han embaucado durante el mismo periodo a los Gobiernos estadounidenses.
(Tomado de La Pupila Insomne)
Guerrero Boliviano 