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Fincimex: Restricciones a las remesas han impactado negativamente en el nivel de vida de los receptores y en los bolsillos de quienes las envían

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Ante el sostenimiento de las restricciones al envío de remesas desde Estados Unidos a Cuba, ordenadas en octubre de 2020 por la Administración Trump, y las declaraciones recientes de la Administración Biden acusando al Gobierno cubano de quedarse con parte de esas remesas, Cubadebate entrevistó a Yamil Hernández González, gerente general de Fincimex.

A finales del año pasado, se conoció que cesarían las remesas regulares a Cuba procedentes de EE.UU. El motivo defendido fue que estas eran utilizadas para beneficiar ilegítimamente al sector militar en Cuba, que el Gobierno y las Fuerzas Armadas se quedaban con entre el 20 y el 40% del dinero remesado. ¿Cómo funcionaban realmente esas operaciones?

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−Efectivamente, en octubre de 2020, el Gobierno estadounidense prohibió las relaciones de la compañía Western Union con las instituciones cubanas encargadas de tramitar las remesas a Cuba, específicamente Fincimex. O sea, puso fin de manera unilateral al flujo a de remesas por canales regulares e institucionales. El Gobierno de Trump dio continuidad así a una política dirigida a penalizar el nivel de vida de la población cubana sobre la base de pretextos totalmente infundados y reiterados sin escrúpulo alguno.

¿Cómo funcionaba la recepción de las remesas procedentes de EE.UU.?

−Funcionaba de un modo que no era singular, ni extraordinario en lo absoluto, si se toma en cuenta las prácticas más comunes en la mayoría de los países.

La empresa estadounidense Western Union era la entidad encargada de enviar las remesas a Cuba. En el esquema existente, esa entidad cobraba en Estados Unidos al emisor de la remesa cinco dólares por cada 100 que se enviaban a Cuba, como comisión comercial. La propia Western Union pagaba a Fincimex un dólar por cada 100 remesados. Este pago a Fincimex ocurría por concepto de servicios prestados, lo cual es una práctica común en la industria de remesas internacionales.

Es falso que Fincimex, el Gobierno cubano o las Fuerzas Armadas se apropiaran de un 20% o un 40% del dinero remesado a Cuba desde Estados Unidos, falsedad que políticos de ese país repiten sin parar. Insisto, el dinero remesado no era objeto de gravamen alguno al ingresar a Cuba. El destinatario recibía el monto remesado total e íntegramente.

¿Cuál era el papel de Fincimex en la tramitación de las remesas en Cuba?

−Fincimex es una empresa comercial como muchas que existen en Cuba, reconocida y respetada en la industria de remesas internacionales. Mantiene relaciones comerciales con importantes entidades financieras de varios países y brinda el servicio de remesas que llega a Cuba desde disímiles partes del mundo. Sus resultados empresariales son públicos de acuerdo con lo dispuesto en Cuba para las sociedades anónimas y el Registro Mercantil.

En Cuba, los bancos comerciales aceptan remesas desde otros bancos internacionales y Fincimex es la empresa con el encargo estatal de ejecutar las remesas enviadas a Cuba mediante empresas financieras no bancarias. Es la entidad que cuenta con la infraestructura establecida, la experiencia acumulada y el sistema normativo acorde con las reglas internacionales para ese tipo de transacción.

El Gobierno de Estados Unidos ha dicho que su objetivo es anular la participación de militares en el proceso de envío de remesas. ¿Tiene sustento esta aseveración?

−Fincimex es una entidad ciento por ciento civil. Ninguno de sus trabajadores es militar. Es falso que se trate de una entidad perteneciente a las Fuerzas Armadas. Los ingresos de Fincimex por servicios prestados forman parte de los ingresos generales del país y se destinan tanto al sostenimiento y funcionamiento de la propia empresa -incluyendo su infraestructura tecnológica- como a realizar aportes al presupuesto nacional y la economía en su conjunto. Es falso que sus ingresos se destinen al sostenimiento de las Fuerzas Armadas.

¿La tramitación de las remesas procedentes de EE.UU. constituía un procedimiento rutinario o entrañaba dificultades particulares?

−El manejo de las remesas procedentes de EE.UU. vía Western Union era para Fincimex una operación de altos riesgos financieros, toda vez que los montos eran pagados al receptor de la remesa antes de recibirse el pago desde la compañía estadounidense. Era un riesgo asumido debido a la importancia del servicio para los consumidores.

Pero hay quienes en Estados Unidos proponen que las remesas se realicen sin participación del Gobierno cubano y, en particular, sin la participación de Fincimex.

−Cada país dispone y organiza en su territorio nacional la recepción de remesas conforme mejor determine, cumpliendo con sus propias leyes y con normativas internacionales. Se trata de una prerrogativa soberana. Estados Unidos no puede dictarle eso a ningún país. Pretenderlo es una violación del derecho internacional.

En realidad, nuestro Gobierno no tiene un papel directo en la recepción de remesas. Se trata de una actividad comercial y la gestiona una entidad comercial, en este caso Fincimex. El papel del Gobierno, en uso de sus prerrogativas soberanas, es designar a Fincimex como la entidad encargada de esta gestión. Ningún Gobierno extranjero, incluyendo el de EE.UU., tiene derecho a dictarle a Cuba qué empresa puede gestionar remesas y cuál no.

Debo enfatizar nuevamente, Fincimex no retenía ni aplicaba gravamen alguno a los montos gestionados. Es falso que sea una entidad militar. Es falso que la institución, las Fuerzas Armadas o el Gobierno cubano retuvieran un porcentaje del monto remesado. El Gobierno de Estados no debería interferir en cómo y a quién sus ciudadanos, en ejercicio de sus derechos constitucionales, envían las remesas.

¿Cuál ha sido el impacto de la interrupción de las remesas a Cuba provenientes de EE.UU.?

−La principal consecuencia de la interrupción de las remesas a través de los canales formales e institucionales fue el aumento de la dificultad y los costos para recibirlas. La medida ha impactado negativamente en el nivel de vida de los receptores y en los bolsillos de quienes las envían. Se dice que actualmente las personas están pagando en Estados Unidos hasta 30 dólares o más por cada 100 que envían a sus familiares en Cuba a través de canales irregulares. La pregunta es quién se beneficia de eso, porque a simple vista es un castigo inmerecido al pueblo de Cuba y a sus familiares en Estados Unidos.

Otra consecuencia ha sido el aumento de las transferencias incontroladas de divisas desde Estados Unidos a Cuba, algo que nunca es positivo y que va en contra de lo que la comunidad internacional intenta organizar y regular.

En consecuencia, el levantamiento de las restricciones impuestas en octubre de 2020 beneficiaría a todos los que ahora se ven injustamente afectados. También ayudaría a regular nuevamente el principal movimiento de divisas entre los dos países.

Proyecto Rebelión Nacional: una trampa para incautos.

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Dos contrarrevolucionarios de poca monta radicados en el exterior, Lázaro Mireles Galbán y Wilfredo Beyra, –devenidos en fantoches de turno dentro de la desunida contrarrevolución anticubana que los ha marginado en varias oportunidades y envenenados por el apego al protagonismo mediático y búsqueda de reconocimiento–, se han propuesto a lanzar un descabellado y utópico proyecto: convertir el venidero 13 de julio en una supuesta movilización nacional contra el gobierno cubano. A tanto demérito y deshonra acumulados suman hoy dos detestables actos: incitar desde lejos a otros para que asuman protestas desde la comodidad de sus hogares y el mentir al mundo sobre la connotación de un show con cuatro gatos que será desinflado por la cólera y reprobación de todo nuestro pueblo.

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La trama contrarrevolucionaria en el Congreso argentino

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Ledezma en el Congreso argentino

El pasado 28 de mayo de 2019 se celebró un encuentro entre miembros de la Cámara de Diputados del Congreso argentino con la llamada embajadora venezolana del títere Juan Guaidó, Elisa Trotta Gamus, quien estuvo acompañada por dos diputados de la derecha integrantes de la AN, José Manuel Olivares Marquina y Ángel Alvarado. Como anfitriones participaron los diputados Waldo Wolff –jefe del grupo parlamentario de amistad con Venezuela–, Cornelia Schmidt Liermann –titular de la comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara baja–, así como Astrid Hummel, Pablo Torello, Ezequiel Fernández Langan, Brenda Austin y Paula Urroz; Lilia Puig, legisladora del Parlasur; Darío Ramírez, coordinador internacional del Plan País de Venezuela; el embajador Carlos Cherniak, director de Asuntos Parlamentarios de la Cancillería Argentina; y Juan de Dios Cincunegui, director general de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de la Cámara de Diputados. Les acompañó el actual secretario de Salud argentino, Adolfo Rubinstein, así como un personaje que parece ser la nueva estrella de las conspiraciones contra Venezuela, Cuba y Nicaragua: Luciana Mariel Termine, Directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional.

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Otro ejemplo del empleo de la lawfare contra Cuba

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De izquierda a derecha, los jueces federales James L. King, Marcia Cooke, Amit Mehta y Joan Lenard. | Foto © Collage CiberCuba

Un artículo escrito hoy por el periodista Wilfredo Cancio Isla en el sitio Cibercuba bajo el título “Jueces asignados a demandas por la Ley Helms-Burton tienen importante historial en casos sobre Cuba“, con independencia del cuestionado rol del articulista en la guerra mediática anticubana, ofrece importante información sobre el actual empleo de jueces norteamericanos –caracterizados por su tradicional postura anticubana en decisiones jurídicas anteriores– para dirimir las demandas presentadas en tribunales federales bajo la Ley Helms-Burton contra el gobierno cubano.

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¿Permitirá en gobierno de Costa Rica la entrada de un terrorista a su territori

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Un nuevo show mediático anticubano se organiza en Costa Rica bajo el nombre de “Adoctrinamiento de los pueblos a través de la educación castrista cubana” y organizado por la mal llamada Justice Cuba. El llamado foro tendrá lugar el próximo 30 de mayo en el Salón de Ex Presidentes de la Asamblea Legislativa. A todas luces esta maniobra está dirigida contra la labor solidaria cubana para erradicar el analfabetismo en otras naciones.

De acuerdo con la convocatoria participan varios terroristas y provocadores anticubanos como Luis Zúñiga Rey, Pedro Corzo, Orlando Gutiérrez-Boronat y Berta Antúnez, residentes en Miami, así como el abogado del derechista partido español VOX y uno de los patrocinadores de la lawfare anticubana a través de Justice Cuba, así como el escuálido venezolano Martín Paz.

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Grupúsculo contrarrevolucionario pretende usar el lawfare contra Raúl y Díaz-Canel.

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En un acto que muestra cómo los enemigos de Cuba acuden al Lawfare como arma de guerra mediática, el grupúsculo mercenario Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en complicidad el Colegio de Abogados Penal Internacional y con ONGs que sirven de tapadera a la malintencionada beligerancia ideológica anticubana, como Human Right Watch (HRW) por citar un ejemplo, así como con la confabulación de gobiernos como el de USA y otros exponentes de la derecha latinoamericana y europea, a los que se suman la CIDH, la OEA y otros grupos radicados en La Florida, pretenden acusar a los compañeros Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel como supuestos responsables de crímenes de lesa humanidad, bajo el falso argumento de que en Cuba se cometen asesinatos, casos de esclavitud y explotación, traslados forzosos, detenciones arbitrarias, torturas y persecuciones de colectividades por motivos políticos.

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Ataque a Más Médicos es resultado de una conspiración fraguada en USA

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No me gusta usar medias tintas para identificar a los acontecimientos, ni tengo censor que me obligue a expresar libremente mi punto de vista sobre ellos. Es por ello que, al referirme al caso relacionado con el intento de desmontar en Brasil el programa Más médicos, puedo asegurar que estas acciones responden a una conspiración secreta planificada, organizada y financiada en Estados Unidos que involucran al propio presidente Trump, a su secretario de Estado Mike Pompeo, al senador Marco Rubio, a otros altos funcionarios de la inteligencia USA y, particularmente, al presidente electo brasileño Jair Bolsonaro. La embajada norteamericana en Brasil y los consulados en Belo Horizonte, Fortaleza, Manaos, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, y Sao Paulo, monitorean este plan.

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