Han pasado 65 años del golpe de Estado del 19 de agosto del 1953, uno de los primeros organizados por la CIA y al que le seguirá una larga lista por todo el mundo. Era un secreto a voces, y Barak Obama en 2013 reconoció, sin pedir perdón, la implicación de su país en aquella intervención que cambió la historia de Irán.
Corría el 1950. El parlamento iraní cumplía con una de las viejas demandas de la sociedad: aprobaba la Ley de Nacionalización del Petróleo y ponía fin al dominio de la compañía British Persian Oil Company (el “BP” era su sigla), entregando el control sobre la exploración, extracción y la venta del Oro Negro iraní al propio Estado. Los esfuerzos del gobierno de Winston Churchill de que esta ley incluyera una enmienda que en realidad anulaba la esencia de aquella ley y con trampas mantenía los privilegios del consorcio británico, no dieron resultados deseados.
Hasta el Sha, bajo la fuerte presión popular, se vio obligado a ratificarla, y nombrar primer ministro al doctor (en Derecho por Suiza) Mohammad Mossadeq (1882- 1967), que era el jefe de la Comisión de Petróleo del Parlamento, para resolver la denuncia presentada por BP ante la Haya que acusaba a Irán a romper la licencia recibida en 1933. Después de que los jueces dieran la razón al líder iraní, que desautorizaba al propio tribunal por atender un acuerdo que no era “un tratado internacional” e Irán no había infringido ninguna ley, los buques militares británicos, respaldados por EEUU entraron en el Golfo Pérsico.
