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Diputados Vallejo, Jackson y Cariola piden financiar educación estatal y salud pública a través de la Ley Reservada del Cobre

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Las diputadas comunistas Camila Vallejo y Karol Cariola, junto al diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, presentaron un proyecto de acuerdo para modificar profundamente la ley reservada del Cobre, entregando recursos permanentes a educación y salud pública.

Con  esta iniciativa solicitan a la Presidenta Bachelet que presente un proyecto de ley para cambiar los criterios de asignación del 10 % de las ventas de CODELCO, que en la actualidad van íntegramente para gastos de defensa, cuya utilización concreta además se maneja de forma secreta.

A juicio de los parlamentarios, la educación estatal y la salud pública deben ser tratadas también  como  políticas estratégicas del Estado y sus presupuestos no deben quedar sometidos a situaciones circunstanciales de la economía.

La Presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Camila Vallejo, explicó que “Nuestra propuesta es presentar este proyecto para solicitarle a la Presidenta de la República que envíe un proyecto de ley para modificar la ley reservada del cobre y dividirlo en tres partes. 33,3% para que se mantengan en las fuerzas armadas, el 33,3% para educación pública y 33,3% para salud pública”.

La representante de La Florida añadió que “No podemos crecer con una población que tiene mal acceso a la salud y con una población que está  mal educada. Creemos que este 10% del cobre que se le entrega de manera reservada a las Fuerzas Armadas, tiene que ser redistribuido. Tiene que mantenerse un porcentaje en las Fuerzas Armadas y otra parte importante para salud y educación”.

“Hoy lo fundamental, más que invertir o gastar en armas y privilegios, a propósito de este caso de corrupción en las fuerzas armadas con el uso de los recursos de la ley reservada del cobre, creemos que es más prioritario invertir mucho más en salud y educación”, añadió Camila Vallejo.

Por su parte, Karol Cariola, subjefa de la Bancada PC-IC e integrante de la Comisión de salud de la cámara, afirmó que  “el día de ayer tuvimos una reunión para hablar de la gran deuda hospitalaria que tiene el país que es tremenda, que ha ido creciendo las listas de espera, los directores de hospitales nos dicen que no tienen los flujos necesarios para poder atender a la ciudadanía como corresponde, tenemos un problema complejo, crítico y si con estos recursos podemos  ayudar a lo menos a resolver un poco esas necesidades cotidianas que tienen los ciudadanos para tener atención de calidad, para tener atención oportuna, a mí me parece que es necesario poder hacerlo”.

La representante de Independencia y Recoleta agregó que “no puede ser que lo que hoy día nos estamos gastando en armas no se pueda entregar para poder desarrollar mejores condiciones para la salud, que es una necesidad urgente sobre todo cuando la propia ministra ha reconocido que estamos en una crisis profunda grave y compleja”.

En la misma línea, el Diputado de RD por Santiago, Giorgio Jackson aseveró que “Es lógico y también legitimo que podamos definir democráticamente donde queremos invertir los recursos que vienen del cobre. Para nosotros la educación y la salud son áreas estratégicas tanto o más importante que la defensa para poder garantizar bienestar a la población”.

Tomado de: http://www.elciudadano.cl/2015/08/19/202649/diputados-vallejo-jackson-y-cariola-piden-financiar-educacion-estatal-y-salud-publica-a-traves-de-la-ley-reservada-del-cobre/

11 de julio de 1971: Chile, bajo la Presidencia de Salvador Allende, nacionalizaba el cobre

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El cobre, principal riqueza y recurso de exportación chileno, ha sido la “viga maestra” de nuestra economía en el siglo XX. Los antecedentes señalan que desde 1905, los principales yacimientos cupríferos eran explotados por capitales norteamericanos, constituyendo verdaderos enclaves dentro del territorio nacional. La relación entre estas empresas y el Estado chileno, estuvo marcada desde la segunda mitad del siglo, por sucesivas controversias relacionadas con aumentos de impuestos, el precio del cobre y las inversiones.

Al comenzar la década de 1960, el surgimiento de ideas reformistas y revolucionarias en América Latina, instalaron en la opinión pública nacional el tema de la recuperación de las riquezas básicas, cobrando fuerza los postulados de la nacionalización. Un primer paso en este proceso lo constituyó la llegada al Gobierno de Eduardo Frei Montalva y su programa reformista de la “revolución en libertad”, cuya línea económica proponía un conjunto de reformas estructurales, destacando una nueva política cuprífera conocida como la chilenización del cobre (1964).

Esta acción permitió la intervención chilena en la propiedad y dirección de la gran minería del cobre mediante la asociación con el capital extranjero; asimismo, proponía un aumento sustancial de la producción mediante fuertes inversiones y la refinación completa del cobre en nuestro territorio (1966). En plena marcha de este proceso, el alza del precio del cobre y las altas utilidades de las corporaciones norteamericanas, reavivaron en la opinión pública el debate sobre una nacionalización total, obligando al Gobierno a poner en marcha la llamada nacionalización pactada.

De esta manera, al finalizar el gobierno de Eduardo Frei Montalva, el camino a la nacionalización integral de la gran minería del cobre quedó abierto, y fue recogido por las candidaturas presidenciales de Radomiro Tomic y de Salvador Allende. El triunfo del candidato de la Unidad Popular puso en marcha un inmediato proceso hacia la nacionalización y estatización de la gran minería del cobre.

Termina el proceso

Este proceso culminó el 11 de julio de 1971, cuando el Congreso Nacional aprobó, a través de una reforma constitucional y por unanimidad, la nacionalización de la gran minería del cobre, caratulada como Ley Nº 17.450, cuyos grandes yacimientos eran, en su gran mayoría, propiedad de empresas estadounidenses.

Un punto polémico se desató luego, debido a que el gobierno de Salvador Allende determinó pagar la indemnización correspondiente al “valor libro” a las empresas norteamericanas, es decir, descontando las ganancias excesivas. En la práctica, esto significaba no cancelar monto alguno a dichas empresas. Estas, no obstante, pidieron el embargo de los embarques de cobre chileno apenas llegasen a sus destinos.

El texto de la reforma que aprobó el Congreso Nacional y que tenía siete carillas tamaño oficio a un espacio, señalaba lo siguiente:

Por exigirlo el interés nacional y en ejercicio del derecho soberano e inalienable del Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, nacionalizase y declarase, por lo tanto, incorporadas al pleno y exclusivo dominio de la nación, las empresas que constituyen la Gran Minería del Cobre“.

El Presidente Salvador Allende, celebró el hecho histórico en Rancagua, en un masivo acto donde destacaban los cascos multicolores de los mineros. Según la prensa de la época, “el Jefe de Estado hizo una completa exposición del estado en que se encuentran los yacimientos cupríferos y llamó a los trabajadores de El Teniente a redoblar sus esfuerzos para aumentar la producción del mineral que ha denominado ‘el sueldo de Chile’”.

Este trascendente acto político no sólo dejó en manos de nuestro país una de sus principales riquezas naturales; también dio origen a la Corporación del Cobre de Chile, la que más tarde, en 1976, pasó a denominarse Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco).

Tomado de: http://vozciudadananoticias.com/2015/07/11/11-de-julio-de-1971-chile-bajo-la-presidencia-de-salvador-allende-nacionalizaba-el-cobre/