Por: Eric Nepomuceno / Página 12
Once días: ese el tiempo necesario para el primer gran escándalo del gobierno interino del vicepresidente en ejercicio Michel Temer. Mientras el gobierno trata de lograr legitimidad y deshacer la imagen de que lo que ocurre en Brasil es un golpe institucional bajo una farsa jurídica, uno de sus hombres de confianza, Romero Jucá, ministro de Planificación, aparece en una grabación detallando precisamente los pasos de ese golpe. Y más: deja claro a su interlocutor que derrumbar a Dilma Rousseff y poner a Michel Temer en su lugar era esencial para “frenar la sangría” que amenaza a un sinfín de políticos, es decir, detener las investigaciones de la Operación Lava Jato (Lavado Rápido) sobre el esquema de corrupción en la Petrobras.
Si había alguna duda sobre lo que efectivamente ocurre, lo que se supo ayer elimina cualquier resquicio. Jucá confiesa que la idea era librarse de la presidenta y, con el respaldo de ministros del Supremo Tribunal Federal, y el visto bueno de “algunos generales y comandantes importantes” de las Fuerzas Armadas, instalar a Michel Temer en la presidencia.
La verdad es que el anunciado “gobierno de salvación nacional” nació de la necesidad de salvar a un puñado de políticos de la justicia. Ocho de los 24 ministros nombrados por el vicepresidente en ejercicio están enredados con la ley. El mismo Temer es investigado. Además, el golpe institucional sirvió para regalar al PSDB lo que las urnas electorales negaron en los últimos 13 años: parcelas del poder.
Al anochecer de ayer Jucá anunció en una conferencia de prensa que había “un pedido de licencia”. El vicepresidente en ejercicio, a su vez, agradeció “la dedicación y el trabajo competente” de su auxiliar.
Jucá fue ministro por escasos días, y no llevó a cabo trabajo alguno. Lo más probable es que el agradecimiento de Temer esté relacionado a la intensa labor que Jucá tuvo en la organización del golpe institucional que logró alejar a una mandataria elegida por 54 millones 500 mil votos.
El contenido de las conversaciones ocurridas en marzo entre el entonces senador Romero Jucá y Sergio Machado, quien por diez años (hasta 2015) presidió la Baspetro, brazo logístico de Petrobras, es escalofriante. Machado, investigado por Lava Jato, fue indicado para el puesto por el actual presidente del Senado, Renan Calheiros. Era, por lo tanto, de la cota del PMDB. Denunciado por corrupción, se mantuvo al abrigo del foro privilegiado de otros investigados en el mismo caso, es decir, senadores y diputados.
