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Día: 8 julio, 2015

El Estado laico en Bolivia

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por: Farit L. Rojas Tudela *
La tensión entre laicisimo y Estado confesional es una constante en la historia boliviana
La relación entre Estado y religión ha sido una de las más complejas en la historia moderno-europea del Estado. Una buena parte de la teoría política ha tratado esta relación. Así, Jean Bodin (1530-1596) propuso un monarca neutral que garantice la paz sin tomar partido por ningún credo religioso. Thomas Hobbes (1588-1679) propuso que la máxima autoridad del Estado (el Rey) se inmiscuya incluso a los asuntos de índole religiosa. John Locke (1632-1704) propuso que ningún individuo sea obligado a pertenecer a una Iglesia concreta, sino que la escoja libremente. Francois-Marie Arouet más conocido como Voltaire (1694-1778) condenó la intromisión de la religión en los asuntos públicos.

 

A momento de la revolución norteamericana y francesa la separación del Estado y la religión fue retratada bajo el denominativo de Estado laico y/o laicismo.

 

Por laicismo se entiende a la neutralidad religiosa en la vida pública, pretendida prácticamente con la supresión de la enseñanza religiosa en los establecimientos oficiales. Dieter Nohlen señala que el laicismo es la “doctrina defensora de la estricta separación entre Estado e Iglesia, así como también entre el individuo o la sociedad en el ámbito educacional frente a toda influencia obligatoria eclesiástica o religiosa” (Nohlen, 2006: 811).

 

La primera Constitución boliviana de 1826 tomó como base esencial el proyecto de constitución remitido por Simón Bolívar. En el discurso de Constitución del Congreso de Bolivia de 25 de mayo de 1826, Bolívar señala:

¡Legisladores! Haré mención a un artículo que según mi consciencia, he debido omitir. En una Constitución política no debe prescribirse una profesión religiosa: porque, según las mejores doctrinas sobre las leyes fundamentales, ésta son las garantías de los derechos políticos y civiles y, como la religión no toca a ninguno de estos derechos, ella es de naturaleza indefinible en el orden social, y pertenece a la moral intelectual. La religión gobierna al hombre en la casa, en el gabinete, dentro de sí mismo: sólo ella tiene derecho de examinar la conciencia íntima. Las leyes, por el contrario, miran la superficie de las cosas: no gobiernan sino fuera de la casa del ciudadano. Aplicando estas consideraciones, ¿podrá un Estado regir la conciencia de los súbditos, velar por el cumplimiento de las leyes religiosas y dar el premio o castigo, cuando los tribunales están en el cielo y cuando Dios es el juez? La inquisición solamente sería capaz de reemplazarlas en este mundo. ¿Volverá la inquisición con sus teas incendiarias? La religión es la ley de la conciencia. Toda ley sobre ella la anula porque, imponiendo la necesidad al deber, quita el mérito a la fe que es la base de la religión. Los preceptos y los dogmas sagrados son útiles, luminosos y de evidencia metafísica; todos debemos profesarlos, mas este deber es moral, no político. Por otra parte, ¿cuáles son en este mundo los derechos del hombre hacia la religión? Ellos están en el cielo; allá el tribunal recompensa el mérito, y hace justicia según el código que ha dictado el legislador. Si todo esto de jurisdicción divina, me parece a primera vista sacrílego y profano mezclar nuestras ordenanzas con los mandamientos del señor. Prescribir, pues, la religión no toca al legislador; porque éste debe señalar penas a las infracciones de las leyes, para que no sean meros consejos. No habiendo castigos temporales, ni jueces que los apliquen, la ley deja de ser ley. El desarrollo moral del hombre es la primera intención del legislador; luego que este desarrollo llega a lograrse el hombre apoya su moral en las verdades reveladas, y profesa de hecho la religión, que es tanto más eficaz, cuanto que la ha adquirido por investigaciones propias. Además, los padres de familia no pueden descuidar el deber religioso hacia sus hijos. Los pastores espirituales están obligados a enseñar la ciencia del cielo: el ejemplo de los verdaderos discípulos de Jesús es el maestro más elocuente de su divina moral; pero la moral no se manda ni el que manda es maestro, ni la fuerza debe emplearse en dar consejos. Dios y sus ministros son las autoridades de la religión que obra por medios y órganos exclusivamente espirituales; pero de ningún modo el cuerpo nacional que dirige el poder público a objetos puramente temporales (Bolívar, 2011: 170- 171- 172).

 

 

Sin embargo, como señala Ciro Félix Trigo:

 

 

Los constituyentes de 1826 incorporaron al Código Fundamental el artículo 6, concebido en los siguientes términos: ‘La Religión Católica Apostólica Romana es la de la República, con exclusión de todo otro culto público. El gobierno la protegerá y hará respetar reconociendo el principio de que no hay poder humano sobre las conciencias’. Si se proclama el principio de libertad de creencias, ¿por qué se excluía a todo otro culto? En este punto incurriéndose en un manifiesto contrasentido, fácil de explicar debido al criterio de intolerancia religiosa que a la sazón primaba (Trigo, 2003: 60).

 

Esta tensión entre el laicismo y el Estado confesional se mantendrá en parte de la historia constitucional boliviana.

 

En 1844, mediante ley de 11 de noviembre [1], se declaran vigentes los concordatos celebrados entre el Rey de España con la Corte de Roma [2]. Asimismo, en el Artículo 2 de la reforma de 1871 se señala que: “El Estado reconoce y sostiene la religión Católica, Apostólica y Romana. Se prohíbe el ejercicio público de todo otro culto, excepto en las colonias que se formaren en lo sucesivo”. La aparición de esta tolerancia se relaciona con el fomento a la migración y el desarrollo de las zonas despobladas. Luego será suprimida en la reforma de 1878, pero será restaurada en el texto constitucional de 1880. Veinte años más tarde, por ley de 27 de agosto de 1906, se autorizó el ejercicio libre de cualquier otro culto.

 

En 1920, José Carrasco propuso el siguiente texto para su inclusión en la Constitución: “Ningún culto o Iglesia gozará de subvención oficial ni tendrá relaciones de dependencia y alianza con el Estado”. En 1947 Carlos Walter Urquidi propone otro texto para su inclusión en la Constitución: “No hay religión oficial en Bolivia. Todas pueden establecerse en ella, a sola condición de no contrariar la ley y las buenas costumbres. Ninguna de las reformas constitucionales tomó estas propuestas”. La Iglesia en Bolivia pidió la tolerancia a otras creencias, así se llevan a cabo las reformas constitucionales de 1967, 1994 y 2004, sin ninguna variante significativa en alguna de ellas. Recién en el proceso constituyente del año 2006 retornan los debates sobre Estado Laico, aunque, desde mi opinión el resultado no fue la constitución de un Estado Laico, sino de un Estado con pluralismo religioso.

 

Una resumida introducción, pero muy documentada, se encuentra en el breve texto del Dr. José Luís Baptista denominado: Supresión de la religión oficial del Estado, de donde se han tomado estos datos.

Bibliografía

 

• Baptista, José Luís. 2006. Supresión de la religión oficial del Estado. La Paz – Bolivia: Publicación de Católicas por el derecho a decidir.

 

• Bolívar, Simón. 2011. Discurso de Constitución del Congreso de Bolivia 25 de mayo de 1826, en Hugo Chávez presenta a Simón Bolívar. 2011. La revolución bolivariana. Madrid – España: Akal.

 

• Nohlen, Dieter. 2006. Diccionario de Ciencias Políticas. D.F. – México: Porrúa.

 

• Trigo, Ciro Félix. 2003. Derecho Constitucional Boliviano. La Paz – Bolivia: Fondo Editorial de la Biblioteca y Archivo Histórico del Honorable Congreso Nacional.

 


 

* Abogado.

 

1 Mediante esta ley también se declararon vigentes las leyes de la Recopilación de las Indias y de Castilla.

 

2 Estos son los concordatos celebrados el 11 de enero de 1753 entre el papa Benedicto XIV y el Rey de España Fernando VI (Baptista, 2006).

El reto de la industrialización

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por: Danny Ronald Roca Jiménez *
El desarrollo económico de un país depende de diferentes factores entre los cuales tenemos: al proceso de acumulación de capital, al proceso de acumulación de conocimiento, sinergias entre el sector público y privado, todo ello se refleja en el proceso de industrialización.

El Glosario de conceptos políticos usuales de Eduardo Jorge Arnoletto, define Industrialización de la siguiente manera: “La industrialización es una parte o aspecto del proceso de modernización, y consiste en el conjunto de hechos y actividades por los cuales una sociedad de economía primaria (rural, extractiva) pasa a tener una economía secundaria (de transformación) y apunta a desarrollar cada vez más una economía terciaria (de comercialización y de servicios)…”.

La Constitución Política del Estado, en su artículo 319 establece que: “La industrialización de los recursos naturales será prioridad en las políticas económicas… La articulación de la explotación de los recursos naturales con el aparato productivo interno será prioritaria en las políticas económicas del Estado”.

En la actualidad el presidente Evo Morales, tiene la fuerte convicción de llevar a Bolivia a un proceso de industrialización. Es así que empezamos a incursionar con proyectos tanto en el área de los hidrocarburos como en el sector minero; por primera vez, nuestro país apoya decididamente el proceso industrializador con créditos que otorga el Banco Central de Bolivia (BCB) para lograr éste objetivo.

Bolivia al ser productor de hidrocarburos, busca formas de generar valor agregado a los productos hidrocarburíferos básicos, con el objeto de obtener productos procesados como plásticos, fertilizantes, etc. En este sentido, el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pretende incursionar en la petroquímica básica e intermedia.

La petroquímica constituye una de las industrias que más contribuye al proceso de desarrollo de un país debido a su efecto multiplicador, desde la simple comercialización de sus productos y derivados, pasando por la cadena petroquímica de transformación, hasta introducirse en todas las demás industrias y cadenas de productos manufacturados.

La industria petroquímica puede clasificarse en tres grupos principales (ver gráfica):

(ver gráfica en pdf anexo en: http://www.la-epoca.com.bo/portada/1436317525/digital/#/21/zoomed).

• Petroquímica Básica

• Petroquímica Intermedia

• Petroquímica Final

El desarrollo de la industria petroquímica, abre la posibilidad de implementar cadenas productivas, en términos de Hirschman eslabonamientos hacia adelante y hacia atrás. Hirschman definió los eslabonamientos como “Secuencia característica, más o menos imperativa, de decisiones de inversión que ocurre en el proceso de industrialización y desarrollo económico”. En otros términos, son actividades que dependen unas de otras, nos ayudan a entender cómo una cosa conduce a la otra. Respecto a los eslabonamientos hacia atrás, son estímulos que da el bien terminado hacia las materias primas o insumos para obtener éste bien final. Los eslabonamientos hacia adelante, son estímulos que emite un bien terminado para obtener otro bien en base al primero. Estos eslabonamientos generan impactos sobre la producción, el ingreso, el empleo en industrias conexas, oferentes o demandantes de la industria.

En el entendido que Bolivia ingresa a un proceso industrializador con los consecuentes beneficios de este lleva, los eslabonamientos hacia adelante, aportarán valor agregado en la industria petrolera y petroquímica, diversificarán la producción, lo cual influirá en el hecho que podamos ser menos propensos a las fluctuaciones de precios internacionales de los commodities. Los productos procesados tienen precios más estables en relación a los precios de los hidrocarburos básicos (materias primas). Es así que, a nivel internacional, con el descenso actual del precio del petróleo, se reconfiguró los costos de producción de los plásticos. Por tanto, si bien los precios de los productos petroquímicos también descendieron, el descenso fue marginal en comparación con el del petróleo (insumo básico), obteniendo los productores petroquímicos un mayor margen de ganancia.

Entre los proyectos petroquímicos previstos en el corto plazo en Bolivia tenemos a la Planta de Amoniaco y Urea, que según declaraciones del Ministro de Hidrocarburos – Luis Alberto Sánchez, entrará en la fase de operación el segundo semestre del 2016 suministrando urea como fertilizante.

 

Los fertilizantes son necesarios para acelerar el crecimiento de los productos agrícolas, y responden al problema planteado por Malthus “La Población sin límite crece geométricamente mientras que los alimentos crecen aritméticamente”, es por éste motivo que se requirió técnicas para poder acelerar la producción de alimentos, ello es producto de la utilización de diferentes factores entre ellos los fertilizantes.

 

Por otra parte, en Bolivia a la fecha no se identifican mecanismos para poder realizar encadenamientos hacia adelante derivados de la industria petroquímica (cadena principal). La producción agrícola requiere de una compleja combinación de fertilizantes, requiere Urea (nitrógeno), fósforo y potasio, estos elementos son los principales nutrientes vegetales y las plantas los requieren en grandes cantidades para su desarrollo. Bolivia se convertirá en importante productor y exportador de urea siendo una oportunidad trascendental que se empiece a pensar en la producción y exportación de fósforo y potasio, para poder contemplar una integralidad en la producción y exportación de fertilizantes.

 

A su vez, en el largo plazo tendremos al complejo petroquímico de propileno y polipropileno, luego de la construcción de éste complejo seremos capaces de producir diferentes tipos de polímeros que podrán ser usados en procesos industriales para obtener productos de consumo final (encadenamientos hacia adelante), éste proceso puede ser llevado a cabo a través de empresas privadas sean grandes, medianas o microempresas, para lo cual será necesario que el Estado realice diferentes inversiones complementarias, tanto en la infraestructura caminera, energía eléctrica, provisión de diferentes tipos de servicio, etc.

 

Bolivia debe pretender alcanzar no sólo la extracción y procesamiento simple de recursos naturales, sino la aceleración de las múltiples actividades que tienden a aglomerarse en torno a dichos recursos, el crecimiento y desarrollo del país, dependerá de la velocidad con la que aprendamos a industrializar nuestros recursos naturales.

 

La industria de la petroquímica puede convertirse en un enlace entre el sector generador de excedente (a cargo del Estado) con el sector privado generador de empleo, con ésta articulación la matriz productiva planteada en el Plan Nacional de Desarrollo sienta su fortaleza y se convierte en el eje fundamental del desarrollo del país.

II Encuentro Mundial de Movimientos Populares

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por: Rider Mollinedo
Tierra, techo, trabajo, Madre Tierra e integración de los pueblos serán los cinco ejes temáticos que se abordarán
Uno de los acontecimientos más importantes del año será, sin lugar a dudas, la llegada del líder de una de las mayores religiones del mundo a Bolivia, 27 años después de la visita de su antecesor Juan Pablo II. Simultáneamente se desarrollará el segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares, evento internacional de gran importancia para el país y el mundo.

Según el presidente Evo Morales, la realización de este evento fue solicitado por el sumo pontífice con el fin de estar en contacto con diversos movimientos sociales del país y de otras partes del mundo para escuchar sus demandas y sus propuestas.

Un evento inédito en Roma

Entre el 27 y el 29 de octubre de 2014, en Roma, se llevó adelante el primer Encuentro Mundial de Movimientos Populares a convocatoria del Vaticano. Más de 150 líderes de diversas agrupaciones se dieron cita para participar en ese inédito evento incluido el presidente boliviano Evo Morales Ayma, invitado como dirigente indígena popular latinoamericano.

En aquella ocasión, además de compartir el pensamiento social de Francisco, se debatió acerca de las causas de la creciente desigualdad social y el aumento de la exclusión en todo el mundo, así como la idea de promover la organización de sectores marginados prestos a defender derechos humanos elementales.

En esa oportunidad se concluyó que el acceso pleno e integral a la tierra, el trabajo y la vivienda constituyen derechos humanos inalienables, que deben ser garantizados y respetados. También se abordó el problema de la violencia, la guerra y el calentamiento global, entre otros temas de interés mundial.

La visita de Francisco a Bolivia

El papa Francisco llegará a Bolivia el 8 de julio. Visitará primero las ciudades de El Alto y La Paz, donde permanecerá pocas horas. En esta localización realizará varias actividades entre las que destacan el encuentro con el presidente, el recorrido por la autopista, la bendición en el lugar que fuera encontrado el cadáver del insigne sacerdote español Luis Espinal Camps (asesinado en marzo de 1980), la visita a la Catedral Nuestra Señora de La Paz, entre otras actividades. Por la noche partirá a Santa Cruz.

Entre el 9 y 10 de julio celebrará una misa, visitará la cárcel de Palmasola y participará del acto de clausura del segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares.

El gobierno decretó feriado departamental el 8 de julio en La Paz y el 9 de julio en Santa Cruz por la llegada del papa Francisco y tolerancia para que las personas puedan participar en los actos respectivos por la llegada del Papa en su visita a Bolivia en el resto de los departamentos.

La visita del papa Francisco forma parte de un recorrido breve por Sudamérica que, además de Bolivia, incluye a Ecuador y Paraguay.

El encuentro

Rodolfo Machaca, dirigente sindical campesino, informó que al menos 1500 delegados, tanto de organizaciones sociales nacionales como extranjeras, participarán del Encuentro Mundial de Movimientos Populares. El detalle de la participación en el caso de las organizaciones sociales bolivianas se definió según cada departamento y sector social o sindical.

Kenia, India, Sudáfrica, Armenia, España, Estados Unidos, Italia, Alemania, Uruguay, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil, Palestina, Perú, Venezuela, Zimbabwe, Nueva Zelanda, Zambia y Kurdistán son los países de las delegaciones que hasta la fecha han confirmado su participación en el encuentro.

Entre los invitados se encuentran representantes obreros, campesinos, pueblos indígenas, gremiales, estudiantes universitarios, juntas vecinales, trabajadores precarizados, desempleados, los sin tierra, los migrantes y desplazados, entre otros.

El ministro de Educación, Roberto Aguilar, informó que seis unidades educativas con 1500 catreras serían habilitadas en Santa Cruz para albergar a los asistentes, así como sistemas de baño y de duchas.

La organización de este magno evento está a la cabeza de la Coordinadora Nacional por el Cambio (CONALCAM), el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra de Brasil, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular de Argentina, el Pontificio Consejo de Paz y Justicia del Vaticano y el Viceministerio de Coordinación de Movimientos Sociales y Sociedad Civil del Estado Plurinacional de Bolivia.

El Encuentro se inaugurará el martes 7 de julio, a horas 11:00, en el Coliseo Municipal Santa Rosita de la ciudad de Santa Cruz. El panel de apertura tendrá la participación del canciller David Choquehuanca. En horas de la tarde se iniciarán las mesas de trabajo. El miércoles 8 las sesiones continuarán en el mismo lugar.

El cierre del evento se desarrollará el jueves 9 en ambientes de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz). En horas de la tarde se redactará el documento final con las conclusiones de las mesas de trabajo.

A horas 17:00 se realizará el encuentro de los movimientos populares con el papa Francisco y el presidente Evo Morales Ayma, acto de clausura en el que se hará entrega de las del documento resolutivo mencionado.

 

A días de su publicación, Francisco hará entrega de la Encíclica Laudato Si (Alabado Seas) al presidente Evo Morales y a las organizaciones asistentes. Este documento, conocido como “Encíclica verde”, es el primero en su tipo dedicado a la ecología y a la defensa del medio ambiente y de la Madre Tierra, mismo que invita a tomar acciones concretas para frenar el fenómeno del calentamiento global causado por una explotación irracional de los recursos naturales planetarios cuyos efectos padecen sobre todo los países más pobres.

 

A nombre del gobierno, el Presidente hará entrega de una propuesta medioambiental que consta de 16 lineamientos estratégicos referidos a cambio climático y de urgente respeto a la Madre Tierra, en el que se explicita la “vulnerabilidad” de Bolivia frente a esta crisis medio ambiental.

 

Mesas temáticas

 

En este evento se abordarán cinco ejes temáticos: Tierra, techo, trabajo, Madre Tierra e integración de los pueblos.

 

El 7 de julio los temas principales serán Tierra y Madre Tierra. “La lucha por la Madre Tierra y el aporte de Laudato Sí” es el nombre del panel central.

 

En horas de la mañana del 8 de julio el eje Trabajo será abordado en el panel “De la exclusión a la organización popular de los trabajadores”. Por la tarde, el tema principal será Techo en el panel “El techo, la ciudad y los movimientos populares”. Después de las exposiciones se desarrollarán talleres simultáneos como forma de optimizar el trabajo.

 

El 9 de julio, el tema del panel será Paz y soberanía e integración de los pueblos. En horas de la tarde se redactará el documento conclusivo y se designarán a los delegados encargados de entregar el mismo al presidente Morales y al papa Francisco.

Rumbo a París

 

La encíclica “verde”, los 16 lineamientos estratégicos referidos a cambio climático del gobierno nacional y las conclusiones del segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares llegan en un momento clave para la comunidad internacional.

 

A fines de este año se celebrará en París (Francia) la Cumbre sobre el Clima donde se redactará un nuevo protocolo mundial sobre el cambio climático, lugar en el que los mencionados documentos adquirirán una especial relevancia.

La ley de herencias y el espaldarazo del pueblo ecuatoriano

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por: Rudy Alí López González *
Hoy la lucha se debate entre quienes creen en la democracia y quienes desean mantener y profundizar la inequidad
“A principios del siglo XIX, la única manera de vivir desahogadamente era haber heredado. El trabajo, la educación y el mérito no conducían a nada”. Con estas palabras es como Thomas Piketty, en su libro El capital en el siglo XXI, habla sobre Vautrin, personaje de la obra Papá Goriot de Balzac, a quien utiliza por la forma en que describe el funcionamiento de la sociedad desde su punto de vista. Y elegí a Piketty para comenzar esto debido a que creo es quien mejor ha abordado el tema de la desigualdad en el ultimo tiempo.

Según el autor, vivimos en una era dorada de la economía pero con características peculiares, esto gracias a que el aumento de la riqueza no está beneficiando al conjunto social. Como esta riqueza no es equitativamente redistribuida genera que retornemos a los niveles de desigualdad que existían en el siglo XIX. Para Piketty la solución es simple (al menos en la teoría) y consiste en imponer un gravamen a las rentas del capital hasta que su retorno neto agregado (después de impuestos) se sitúe por debajo del crecimiento económico.

Pero así como la derecha teórica se opone a la tesis de Piketty, en la práctica existen trabas para aplicar gravados a los sectores más acomodados. Cuando un gobierno intenta implementar una tasa impositiva que busca no solo aumentar las ganancias de la nación, sino equilibrar la balanza social, los sectores dueños del capital salen en defensa de sus intereses mezquinos. Este es el caso de Ecuador al día de hoy.

Guayaquil ya no se presenta como la otrora ciudad combativa que impulsó la “revolución gloriosa” en 1944, la cual permitió el ascenso al poder de Velasco Ibarra. Hoy La perla del Pacífico, como es denominada por los ecuatorianos, es el foco central de las protestas contra el gobierno de la denominada “revolución ciudadana”. La oposición se ve ahora representada por los caudillos Jaime Nebot y Guillermo Lasso, ambos con un pasado que habla por si solo. El primero fue nombrado gobernador de Guayas (Provincia de Guayaquil) por el entonces presidente León Febres, quien fuera conocido por la dureza dictatorial con la que gobernó Ecuador a finales de los 80. El segundo es el ex presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil y estuvo involucrado en el feriado bancario, momento en que Ecuador sufre una grave crisis que lo obliga a dejar el Sucre y dolarizar su economía.

Pero, ¿a qué se deben las protestas?

El pasado 24 de mayo, Rafael Correa anuncia una medida para solventar los bajos precios del crudo que se manifiestan globalmente, un impuesto que es redistributivo y busca “justicia, redistribución, pasar de una aristocracia a una verdadera democracia”, según especificó el mandatario. El proyecto de ley que se propuso se denominó: “Ley de herencias”, ya que busca cobrar un impuesto a los capitales que no son productivos para toda la sociedad y se traspasan en líneas familiares. Esta ley solo afectará al 2% de la población, aunque indirectamente, el que sí estaría mayormente afectado es el 0,1% de la población que tiene mayores ingresos, según especificó el ministro coordinador de la política económica, Patricio Rivera.

¿Cómo se llevaría a cabo la Ley de herencias?

Oficialmente llamada Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, se compone de dos tablas. En la primera se establecen los impuesto a pagar por herederos indirectos, mientras que en la segunda se establecen los impuestos a herederos directos

(ver tablas en pdf anexo en: http://www.la-epoca.com.bo/portada/1436317525/digital/#/5/zoomed).

Teniendo en cuenta que el salario básico en Ecuador consta de 354 dólares, en ambas tablas se establece un mínimo en que se comienza a pagar la tasa impositiva. Este mínimo consta de herencias en las cuales exista un exceso de 200 veces un sueldo básico, a lo cual se les cobra 2,50% por el excedente mas no por la fracción básica de la herencia. Luego de esto, el monto de la tasa impositiva comienza a aumentar y se aplica un impuesto tanto para la fracción básica (que no varía al ser medido en numero de salarios básicos) como para la fracción excedente (que varía al ser por porcentaje).

En el caso de los herederos indirectos, la tarifa a la fracción excedente puede llegar hasta 77,50%, mientras que para los herederos directos la misma tarifa asciende hasta un 47,50%.

Para este proyecto de ley están previstos algunos porcentajes de rebajas del impuesto a pagar si es que este se lleva a cabo dentro de un determinado plazo. Si el pago se efectúa un mes después de recibir la herencia se aplicará un rebaja de 10%; dos meses, 8%; tres meses, 6%; cuatro meses, 4% y cinco meses, 2%. En adelante, no habrá rebajas.

Esta reforma provocó que los sectores más acomodados, aquel 2% que se vería afectado, impulsara protestas en contra del gobierno.

Una vez presentado el proyecto de ley la oposición comenzó una campaña de desinformación contra esta utilizando el argumento de que dicha reforma sería perjudicial para la clase media ecuatoriana, su desarrollo y la producción nacional. Es a raíz de esto que se logró movilizar a la ciudadanía y utilizar a la inmensa mayoría perteneciente a la clase media para defender, cual marionetas, los intereses de un reducido sector de la sociedad.

Los límites del diálogo

El 15 de junio, el presidente Correa decidió congelar de manera momentánea el proyecto de ley para establecer instancias de diálogo (que la oposición se niega a realizar), además de desarrollar una maquinaria informativa destinada a concientizar a la ciudadanía sobre los verdaderos resultados que busca el proyecto de ley.

A pesar de las instancias de diálogo propuestas por el gobierno, la oposición ha mantenido las protestas que se han agudizado en los últimos días. Recientemente el ministro coordinador de seguridad (Ministerio de Interior), César Navas, denunció que la oposición busca realizar un golpe de Estado programado para el día 2 de julio. Ante esto, el gobierno y los movimientos políticos a fines se han movilizado y han llevado a cabo diversas actividades destinadas a defender el proceso de la revolución ciudadana.

Destaca la activa participación de los miembros de la Juventud PAIS que, movidos por su rebeldía y por las ansias de trabajar por un Ecuador para todos, han llevado a cabo un encuentro juvenil el día 2 de julio en defensa de lo alcanzado durante el gobierno de Rafael Correa.

Hoy se demuestra cómo la restauración conservadora es capaz de llevar a cabo las más infames acciones con tal de preservar sus intereses económicos y su hegemonía.

No solo se busca atentar contra un gobierno, no solo se busca derrocar a un presidente, no solo se busca hundir el proyecto político de Alianza PAIS. Hoy la pelea es mayor. Desde la revolución francesa, la igualdad es un componente fundamental dentro de toda democracia, ya lo decía Jean-Jacques Rousseau “Si se investiga en qué consiste precisamente el mayor bien de todos (…) se hallará que se reduce a estos dos objetivos principales: la libertad y la igualdad”. Hoy la lucha se debate entre quienes creen en la democracia (defendiendo la igualdad, por medio de la justa redistribución, y la libertad) y quienes desean mantener y profundizar la inequidad y con esto, defender a una falsa democracia liberal que abogue por los intereses de pocos y relegue los de la mayoría.

Golpear la democracia

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por: Natalia Coronel *
Los países de la región a diario son sometidos al acoso de un poder económico y mediático que ya no recurre a los ejércitos para librarse de los gobiernos que no responden a sus intereses
El escritor Eduardo Galeano recapitula el drama histórico de América latina con una frase precisa: “La fuerza del conjunto del sistema imperialista descansa en la necesaria desigualdad de las partes que lo forman, y esa desigualdad asume magnitudes cada vez más dramáticas”. [1]

 

En el siglo pasado se dio un proceso de fragmentación de Nuestra América, dominados por oligarquías y elites oportunistas que responden en función de sus propios intereses, desentendiéndose de las necesidades del pueblo. Esta realidad dio un giro en los últimos años cuando comienzan a surgir en la región gobiernos populares y democráticos que trazaron, con la multiplicidad propia de cada país, autonomías políticas, económicas y culturales en contramano de los manuales de la escuela neoliberal que llevó al limbo a la Patria Grande. Este proceso motivó la creación de organismos supranacionales que dieron envión a la integración y solidaridad latinoamericana. Expresiones como Unasur, el Alba, la Celac, el Mercosur, son el parangón de las nuevas corrientes políticas en el poder en una coyuntura de grandes dificultades para los bloques imperiales.

 

Del golpe de mercado al golpe de la calle

 

El politólogo norteamericano Samuel P. Huntington, en su libro La tercera ola había expuesto una tesis sobre el avance de la democracia a lo largo de nuestra historia reciente. Allí explicaba cómo la democracia, como sistema político, se había extendido entre los años ochenta y comienzos de los noventa del siglo XX como sistema político universal, desplazando a las dictaduras y totalitarismos en América latina, Europa del Este, Asia y África. “El ‘golpe militar’ como recurso y alternativa para sustituir gobiernos civiles había caído en desuso y dejó de ser una herramienta fáctica para alterar situaciones políticas”. [2]

 

En los años ochenta, luego de la caída de los gobiernos militares, en América latina prevalecían gobiernos de orientación socialdemócrata. En este contexto surge el término ‘golpe de mercado’, esta condición se generaba con una crisis económica descontrolada, incitada por una estampida del tipo de cambio y un golpe inflacionario que forzaba al gobierno a renunciar.

 

En Argentina ocurrió con el presidente Raúl Alfonsín, en 1989, cuando la presión inflacionaria lo obligó a una salida anticipada. Es una herramienta política en manos de los mercados que termina beneficiando a los sectores políticos conservadores. En Ecuador, Abdala Bucaram, fue destituido de la presidencia en el marco de una situación de descontrol económico y denuncia de un “golpe de mercado”.

 

A finales del siglo XX, superado los golpes militares, la represión y el terrorismo de Estado, Sudamérica se vio representada por gobiernos neoliberales que apostaban su economía al sector privado y a la radical reducción del gasto público. Bajo estas circunstancias se generan los ‘golpes de la calle’. Los presidentes electos se vieron obligados a dejar el poder al no poder afrontar las protestas del pueblo en las calles que expresaban el descontento con sus políticas económicas. Tal fue el caso de Gonzalo Sánchez de Lozada en Bolivia, Fernando De la Rúa en la Argentina y Lucio Gutiérrez en Ecuador, presidente que había nacido como una expresión populista pero que luego viró hacia otra posición.

 

En la actualidad, con los imperantes gobiernos de centroizquierda en la región, la economía dejó de ser factor principal de desestabilización, pues estamos sometidos a un contexto de crecimiento impulsado por los buenos precios de las materias primas, los recursos naturales y la creación de empresas estatales. En rigor, las protestas en las calles perdieron el efecto desestabilizador que habían tenido antes. En este escenario, los bloques imperialistas se ven ante la necesidad de impartir un nuevo paradigma para golpear la integración.

 

Golpes Blandos

 

Los llamados ‘golpes blandos’ responden a una de las tácticas modernas de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) [3] y engloba todas las áreas: económica, política, diplomática, cultural, militar y, esencialmente, comunicativa.

 

Traviste a una minoría en mayoría a través de manifestaciones azuzadas desde los grandes medios de comunicación que instalan un discurso “libertario” y “democrático”, pero motivando a huelgas agresivas, lock-out patronales, destinados a herir sistemáticamente la legitimidad del gobierno. Estos son los aspectos más salientes de lo que muchos analistas políticos consideran los pasos para un llamado “golpe blando”. Este concepto es tomado de la teorización sobre la resistencia no violenta del cientista estadounidense, Gene Sharp, que en los años ’60 comienza a estudiar los métodos no violentos de Mahatma Gandhi. [4]

 

A principios de siglo XXI esta teoría comenzó a ser utilizada por la CIA y ser aplicada en los procesos democráticos de la región a favor de la inutilidad de las fuerzas armadas como gendarme de los poderes concentrados, ya sea por desprestigio popular o por salto cualitativo poniéndose al lado del pueblo.

 

En los últimos años, casi ninguno de los países de América latina pudo escapar del azote destituyente que pretende golpear nuestra geografía. Los países de la región en la que se desarrollan procesos progresistas y populares, advierten de manera sistemática este tipo de orquestaciones que atentan con la estabilidad de los gobiernos, cuando directamente no logran balcanizarlos. [5]

 

Por estas horas Ecuador se encuentra en el ojo de la tormenta, con los dueños de los poderes económicos y políticos, ideológicamente conservadores, que tradicionalmente han dominado el país; contra una Revolución Ciudadana, encabezada por Rafael Correa, que lleva ocho años en la presidencia, con grandes esfuerzos por lograr una mejor distribución de la riqueza. La derecha fragmentada halló una ligazón bajo la bandera de la rebelión contra las leyes de herencia y plusvalía inmobiliaria y juntó fuerzas para desafiar al gobierno democrático. (Leer artículo: “La ley de herencias y el espaldarazo del pueblo ecuatoriano”).

 

Viejos objetivos, nuevos métodos

 

Desde 1999, cuando accede al gobierno el bolivariano de Hugo Chávez, hasta ahora, están en marcha en diversos países de Nuestra América, en forma simultánea con los sucesos de Ecuador, dispositivos contrarrevolucionarios dispuestos a perturbar estas democracias.

 

En el caso de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro acusó directamente al gobierno de Estados Unidos de conspirar en su contra. No obstante, este asedio comenzó mucho antes de la muerte del Comandante Hugo Chávez quien, en 2002, enfrentó un golpe de Estado que fue revertido gracias a la reacción popular a favor de la revolución.

 

Más allá de haber ganado legítimamente las elecciones tras la muerte de Chávez el gobierno de Maduro ha enfrentado la permanente acusación de ser una dictadura, mismo calificativo que recibía Chávez durante su presidencia. En nombre de la defensa democrática sectores de la derecha vetusta y del poder económico vienen instrumentando las más diversas maneras de deslegitimación política, acompañada de una escala de violencia en las calles, aceleración inflacionaria y embestida de los medios de comunicación.

 

A principio de este año, Rafael Correa alertó que en “Venezuela está en marcha un golpe de Estado blando, ¿cómo se puede sostener dos semanas de violencia sin tener un fuerte financiamiento?” [6], Había cuestionado el mandatario los hechos de violencia fogoneados en el caribeño país.

 

Pero la “Ley de Herencia” no es la primera excusa que se utiliza para golpear al gobierno de Correa. En 2010 ya sufrió en carne propia un intento de golpe de Estado que poco tuvo de “blando”. Efectivos de la fuerza policial se acuartelaron en protesta por una reforma y retuvieron al presidente en un hospital hasta que fue rescatado por militares. Todo en medio de una balacera que terminó con diez muertos y 300 heridos. El ecuatoriano explicó que los golpes blandos son intentos de desestabilización planificados desde el extranjero: “ya no son golpes militares, ahora es el boicot económico, la manipulación informativa. Son opositores concretos que movilizan e infiltran en las manifestaciones a gente violenta para después acusar al gobierno”.

 

Hace unos meses, Dilma Rousseff enfrentaba en Brasil la instalación de un debate acerca del juicio político que se le endilgaría por su presunta vinculación en el escándalo de Petrobras, la empresa estatal petrolera en la que se desnudó un escándalo de corrupción preexistente a la sucesora de Lula. La campaña en su contra se alimentó de cierto descontento por cuestiones económicas, como el desempleo y la inflación, y fue estimulada a través de los medios sociales, pero principalmente por los grandes medios hegemónicos con O’ Globo a la cabeza (uno de los medios más poderosos y opositor al gobierno).

 

Acciones destituyentes

 

Una de las acciones desestabilizadoras más recordadas fue la que montaron en 2008 desde Santa Cruz -‘capital blancoide’ de Bolivia-, los poderes económicos dominantes, al presidente Evo Morales, quien pudo salir airoso de la situación. Ese mismo año un lock out patronal conocido como la famosa “crisis del campo”, azotó, en Argentina, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, en un primer intento desestabilizador.

 

Pero estos golpes malogrados no hicieron decaer la estrategia de Estados Unidos y al año siguiente, en 2009, se dio el primer triunfo del Imperio -junto a la justicia hondureña- con el objetivo de derrocar a Manuel Zelaya. El presidente había promovido una consulta popular para encarar una eventual reforma constitucional, al tiempo que estaba dando los primeros pasos para ingresar al ALBA, pero varios poderes del Estado, incluso los jefes de las Fuerzas Armadas, se le opusieron con el argumento de que intentaría una reelección, vetada en la Carta Magna. El caso concluyó con la detención del presidente y su expulsión del país en junio de 2009.

 

En su obra, el fundador de la Institución Albert Einstein, organización que estudia e incita al uso de la acción no violenta para “democratizar al mundo”, enumera una lista de 198 métodos para llevar a cabo esta lucha, organizada en cinco etapas. Plantea que el poder de fuego del aparato estatal se combate con “armas psicológicas, sociales, económicas, políticas e informativas”. Si bien este desarrollo teórico-político estaba dirigido a gobiernos totalitarios y dictatoriales, la efectividad de sus métodos permitió adecuarlos al desarrollo de nuevas formas no violentas destituyentes, solo que en estos casos se trata de gobiernos legitimados por el apoyo popular.

 

Estos ‘golpes blandos’ comienzan con una serie de acciones para generar un clima de malestar. Entre ellas destacan la realización de “denuncias de corrupción y la promoción de intrigas”. El próximo paso implica abrir agudas campañas en defensa de la libertad de prensa y de los Derechos Humanos acompañadas de acusaciones de totalitarismo. Inmediatamente se abordan reivindicaciones políticas y sociales y el fomento de manifestaciones y protestas violentas, amenazando a las instituciones. De esta manera imponen una guerra psicológica para crear un clima de “ingobernabilidad”, concluyendo con la renuncia forzada del presidente o la intervención de otros poderes.

 

Tal fue el destino de Fernando Lugo, en Paraguay. En junio de 2012 los dos partidos tradicionales lo destituyeron a través de un golpe de Estado parlamentario, tras acusarlo de violar la Constitución. La ofensiva contra Lugo, quien había ganado las elecciones de 2008 con el 40% de los votos, comenzó por adjudicarle responsabilidad política por los enfrentamientos entre campesinos y policías sucedidos en la Ciudad Curuguaty, que arrojó un saldo de diecisiete muertos. Lugo enfrentó la resistencia a la reforma agraria que intentaba implementar, la falta de resultados inmediatos en mejorar la calidad de vida de la población indígena, y una campaña mediática contra el ex obispo católico por la paternidad de varios niños.

 

En enero pasado el fiscal Alberto Nisman, al frente de la Unidad Especial que investigaba la causa sobre el violento atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de junio de 1994, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza, en el baño de su departamento y con todas las puertas de su casa cerradas por dentro. Cuatro días antes había presentado una denuncia, sin prueba alguna y con serias contradicciones, en la que acusaba a la presidenta de la nación, Cristina Kirchner, al canciller Héctor Timerman, y a otras personas, de intentar encubrir a funcionarios iraníes acusados (sin pruebas) de ser culpables del atentado. El caso fue acompañado por los medios opositores, importantes actores en la política argentina, que intentaron instalar que la presidenta había asesinado al fiscal e instigaron movilizaciones en una cruzada que puso en vilo al gobierno. En estos casos la maquinaria de propaganda negativa acompaña con énfasis los procesos destituyentes y profundiza el trabajo sistemático dirigido a limar la legitimidad.

 

En sus ensayos, Sharp introduce el concepto de “jiu-jitsu político” [7] que radica en arrasar al oponente mediante un desequilibrio con una táctica o maniobra: “Para ganar hay que insistir, persistir, no retirarse, no someterse. Dar muestra de que la represión debilita, detiene o estanca al movimiento es dar aviso al adversario de que con más represión obtendrá la victoria”, afirma.

 

Finalmente, los blandos no son tan blandos y el Imperio continuará con su injerencia, con nuevos métodos pero con los mismos objetivos, aunque esta vez con una sociedad que responde y actúa en consecuencia para evitar la pérdida de la hegemonía democrática en una de las regiones con mayores recursos naturales del planeta.

 


 

1 Las Venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, 1971.

2 La tercera Ola, Samuel P. Huntington, 1994.

3 Manual de Campo 100-20 del Ejército de los Estados Unidos, Military Operations in Low Intensity Conflict.

4 La política de la acción no violenta, Gene Sharp, 1973.

5 Termino usado para describir procesos de fragmentación de una región.

6 ¿De qué se trata el golpe suave? 18 de febrero, 2014. http://www.telesurtv.net/

7 Arte marcial japonés, basada en la defensa sin arma.

Ecuador: desmienten retiro de apoyo militar a Correa

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Los rumores fueron rechazados por el ministro de Defensa, Fernando Cordero.

El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas de Ecuador desmintieron este lunes los rumores que han circulado a través de las redes sociales según los cuales la derecha se ha encargado de asegurar el retiro de apoyo militar al presidente de la nación, Rafael Correa. Estos sectores políticos que buscan desestabilizar el país se encargaron de circular una grabación clandestina en la que se escucha una supuesta decisión del alto mando militar de retirar su apoyo a Correa. En ella también se habla de un feriado bancario (congelamiento de depósitos).

Tales rumores fueron rechazados por el ministro de Defensa, Fernando Cordero, y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Luis Garzón. ​

“Es una declaración totalmente irresponsable. No es cierto. Las Fuerzas Armadas son responsables, profesionales, estamos justamente cumpliendo lo que manda la Constitución. Nosotros consideramos que estamos aquí para velar la democracia, consideramos que estamos para apoyar, proteger las libertades, garantías, los derechos de todo el pueblo ecuatoriano”, recalcó Garzón durante una entrevista realizada en una televisora local.

En ella destacó que a las 16:00 hora del pasado viernes (cuando supuestamente los militares habían tomado la decisión) estaban en actividades normales, pero no reunidos con el presidente Correa. Garzón destacó que por el contrario han estado enfocados y planificando el recibimiento del Papa Francisco y todas las actividades cotidianas de la Fuerzas Armadas en la nación.

Por su parte, el ministro Cordero calificó la acción como un acto de irresponsabilidad. “Estas declaraciones provienen de ‘locutores alquilados’, los cuales, expresó, podrían ser extranjeros por no ser un dialecto de ninguna parte del Ecuador”.

Recalcó que es un delito hablar de un feriado bancario y “ojalá se pudiera identificar superando lo de clandestino para que se les aplique el máximo rigor de la ley”, apuntó Cordero.

Telesur

Distribución de la riqueza en Ecuador: el debate que faltaba en la región

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Distribución de la riqueza en Ecuador: el debate que faltaba en la región

Agustí­n Lewit/Mejico Global

En rigor, nadie que se proponga mirar con justicia lo sucedido en la región durante los últimos años, podría desconocer los notorios avances socio-económicos que han alcanzado a las mayorías populares suramericanas. No obstante ello, sería un grave error desconocer que nuestras sociedades aún se erigen sobre estructuras fundamentalmente desiguales.

Dicho de otro modo: la variopinta batería de políticas heterodoxas que los nuevos gobiernos progresistas llevaron a la práctica en la última década larga, aún cuando la misma haya subsanado muchas de las lesiones provocadas por las décadas neoliberales logrando trazar, además, nuevos contornos a los procesos distributivos, sigue encontrando hasta ahora un límite concreto en la desigualdad intrínseca al orden capitalista que -más allá de los giros discursivos- aún permanece intacto en sus aspectos fundamentales. Para ir de lleno al punto: el núcleo económico duro de nuestros entramados sociales -por naturaleza, generador de desigualdades-  todavía no ha sido perforado ni menos aún desactivado.

El escenario político ecuatoriano de las últimas semanas, signado por los apoyos y las resistencias que suscitaron dos leyes promovidas por el Ejecutivo de dicho país -la ley de Herencia y la ley de Plusvalía- asoma como un terreno fértil para pensar el punto presentado más arriba. En principio, porque que ambas leyes proponen problematizar dos aspectos claves del orden capitalista en general: la herencia, mecanismo impulsor por antonomasia de la acumulación y la concentración intergeneracional, y la plusvalía, que, aún cuando el proyecto no se ciña de manera estricta a la célebre acepción que el marxismo le dio al término, apunta a su misma naturaleza, vale decir, regular una ganancia extraordinaria, en este caso puntual, en el ámbito inmobiliario.

Incluso sin ahondar en detalles, no es difícil divisar la potencia redistributiva de los dos proyectos en cuestión: aplicar impuestos allí donde la riqueza -siempre generada socialmente- se concentra, para luego desparramarla entre los amplios sectores que hasta entonces la veían circular de lejos. Además de reponer un principio de ordenamiento social igualitario y democratizador, las iniciativas del Gobierno ecuatoriano refuerzan una de las claves centrales de aquello que, de una forma quizás un tanto general, se nombra como “la nueva época regional”: es el Estado –más que cualquier otro actor- quien tiene la capacidad para generar marcos de igualdad más amplios. Es en el Estado –y no en otro lugar- donde se deben sentar las condiciones para una democracia sustancial.

La “osadía desmedida” que suponen tanto la ley de Herencia como la de Plusvalía -de inconfundible signo plebeyo ambas y, por eso mismo, imperdonables para los sectores poderosos acostumbrados a moverse a sus anchas- significa un salto cualitativo respecto a lo avanzado estos años. En efecto, Correa parece haber entendido, interpelado además por un contexto económico internacional complicado, que no basta con generar trabajo que su incluya, a su vez, por la vía del consumo; que no alcanza con nacionalizar gran parte de la explotación de los recursos naturales y socializar los fondos allí obtenidos; que no son suficientes los numerosos programas de transferencia económica que han restituido derechos fundamentales a millones de suramericanos desatendidos. En consecuencia, si el horizonte efectivamente se sitúa en la construcción de sociedades realmente igualitarias, pues indefectiblemente, más temprano o más tarde, habrá que hacer estallar los viciosos circuitos mediante los cuales la riqueza siempre se acapara en unas pocas manos. No hay muchas vueltas: los ficcionales escenarios de “todos ganan” en algún momento comienzan a mostrar la costura.

Está claro que asumir la quijotesca tarea de democratizar la distribución de la riqueza en absoluto es una tarea sencilla. Supone, ni más ni menos, que subvertir ordenes solidificados por décadas –sino siglos- y resistir las furibundas embestidas de quienes hasta ahora han tenido la manija. Esos sectores cuentan, entre otras cosas, con la mayoría de los medios de comunicación –hasta ahora, la principal herramienta para construir hegemonía- y una clase media temerosa y propensa a abrazar causas ajenas, incluso cuando las mismas resultan a todas luces dañinas de sus propios intereses. Coadyuva al espinoso escenario una izquierda obtusa e infantil y con serias dificultades para leer la coyuntura con la finesa y seriedad que amerita.

Pero no por difícil el desafío desaparece. El gobierno de Correa ha dado un paso fundamental para iniciar un debate por demás postergado en la región. Los últimos años restituyeron la confianza y la certeza de que es posible mejorar la vida de las mayorías sociales. El quantum de eso encierra una disputa política fundamental que, ojalá, empiece a emerger con toda la fuerza que requiere.

Revolución Ciudadana de Ecuador en la mira de la derecha regional

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Como si la historia diese la vuelta, ahora mismo en América Latina los sectores derechistas de la región, cumpliendo planes proyectados en el exterior, intentan derrocar a los gobiernos progresistas —como ocurrió en Chile en 1973— que dejaron a un lado el sistema neoliberal, atacando en las últimas semanas de nuevo a Ecuador y a la Revolución Ciudadana liderada por el presidente Rafael Correa.

El presidente Rafael Correa reta a la oposición ecuatoriana a pedir revocatoria de su mandato. 

Con el burdo pretexto de oponerse a dos leyes enviadas el 5 de junio por el jefe de Estado al Congreso Nacional que, según los reaccionarios, perjudicaban al pueblo, líderes derechistas convocaron a sus seguidores mediante las redes sociales a salir a las calles para solicitar la derogación de las ordenanzas. En las pancartas que portaban también exigían la salida de Correa del Palacio de Carondelet (sede del poder ejecutivo).

Esas protestas se extendieron por importantes ciudades ecuatorianas, lideradas por dos reconocidos enemigos de la Revolución Ciudadana: el alcalde de Guayaquil Jaime Nebot y el multimillonario y ex candidato presidencial Guillermo Lasso, quienes no esconden su participación en las acciones violentas contra sedes del oficialista partido Alianza País y agresiones a sus miembros, entre otras fechorías.

Oportunistas, Nebot y Lasso aprovecharon la ausencia del mandatario, que debió cumplir importantes visitas a Europa a principios de este mes, para expresar su rechazo a un sistema de inclusión social que invirtió en el sector de la educación, por ejemplo, 30 veces más que las últimas siete administraciones previas a la Revolución, iniciada en el 2007.

El proceso político bajo el mandato de Correa, un declarado líder antiimperialista de gran prestigio internacional, trajo enormes beneficios a la población, ya que según la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), Ecuador creció un 4,3% en el período 2007-2014, más de un punto porcentual sobre los restantes países de la región y de economías poderosas como Brasil y Argentina.

¿POR QUE AHORA TAMBIEN CONTRA ECUADOR?

Estados Unidos ha comprendido que sus compinches de derecha en Latinoamérica nunca llegarán al gobierno por medio de las urnas, lo que ha sido comprobado en Venezuela, Bolivia, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Nicaragua, El Salvador, y otros más.

La partidocracia tradicional es derrotada una y otra vez en las elecciones presidenciales desde el año 1998, cuando el presidente venezolano Hugo Chávez dio la clarinada para el comienzo de una nueva era en una extensa y rica área geográfica gobernada en el siglo XX por Washington, de donde comprobadamente partió la estrategia para derrocar al presidente socialista Salvador Allende, una amarga experiencia de la cual pueden sacarse aún lecciones políticas importantes.

¿Qué le queda entonces al imperialismo estadounidense sino utilizar otros métodos, desenmascarados como “golpes suaves” de Estado, para desestabilizar a los gobiernos progresistas, derrocarlos, e intervenir, o bien directamente, o por medio de sus títeres internos y apoderarse de nuevo de Latinoamérica, que ha logrado la unidad de sus miembros a pesar de diferencias políticas.

En los últimos 16 años han surgido en América Latina y el Caribe importantes organizaciones integracionistas sin la presencia de Estados Unidos, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (Alba) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que defienden a sus miembros de las injerencias foráneas y mantienen una red de comunicación en defensa de la soberanía y la independencia nacionales.

Empero, no puede obviarse que la derecha regional también se ha reorganizado y que existe una triangulación demostrada en Venezuela con la presencia del ex presidente del Gobierno español Felipe González a Caracas, luego la de varios senadores derechistas de Brasil con el ex precandidato presidencial Aécio Neves al frente, y el apoyo fundamental de medios periodísticos de Estados Unidos, España, y los nacionales en las andanzas de estos títeres locales.

A las actuales intentonas de golpe de Estado aunque se les llama suave, porque hasta ahora no intervienen las fuerzas militares, son, sin embargo, fuertes y dañinas, pues en su tentativa de desestabilizar los procesos revolucionarios sus protagonistas realizan acciones violentas, especulan con productos imprescindibles y crean el terror a través de sus medios de comunicación masiva, que pasaron a ocupar el lugar de los partidos tradicionales conservadores, casi todos divididos y sin liderazgo.

Las pruebas son concretas y Venezuela y Ecuador están ahora bajo la virulencia extremista del imperio y sus secuaces, ante las elecciones legislativas este año, en la primera, y las presidenciales en el 2017, en la segunda, siempre con la mira puesta en derrocar antes los gobiernos, si ello fuera posible.

Tanto Nebot como Lasso argumentan que las protestas son el resultado del envío presidencial al Congreso de las Leyes de Redistribución de la Riqueza –conocida como Ley Herencia- y la Ley de Ganancia Extraordinaria o de la plusvalía, con nuevos impuestos, que afectarán solo al 2 % de la población, entre ellos los líderes derechistas, según sus propias declaraciones.

Un 98 % de los ecuatorianos no pagaría impuesto a la herencia, mientras que los propietarios de tierras e inmuebles –comprobadamente- han hasta sextuplicado los valores, según estudios de organismos especializados, y deben pagar al Estado en consonancia.

Correa, luego de su retorno al país, explicó a la población las interioridades de los temas en discusión, encaminados a que los ricos paguen justamente sus impuestos. En una prueba de fidelidad a su pueblo decidió retirar ambas legislaciones del parlamento, con lo cual, además, contribuyó a un ambiente de unidad para la visita del Papa Francisco al país.

Sin embargo, llamó a un diálogo nacional en el que el pueblo opinará no solo sobre estas dos leyes, sino que decida qué clase de país quiere tener, en lo que analistas consideran un acto de valentía y de arrojo democrático.

NO PARAN LAS PROTESTAS

Pese a las medidas adoptadas por el mandatario, continúan las protestas en Ecuador, lo que demuestra que el objetivo es quebrar al gobierno nacional.

Mientras en Venezuela la burguesía se prepara para nuevas acciones callejeras, denunciadas por el presidente del parlamento Diosdado Cabello, en Ecuador, el alcalde Nebot –recuérdese que Guayaquil es una provincia en manos de la alta burguesía- continúa llamando a la confrontaciones con las autoridades.

Es decir, queda claro que está en marcha una intentona golpista contra Correa, quien en el 2010 debió enfrentar una sublevación de la policía, que lo raptó y mantuvo detenido varias horas, -luego se conocieron con nombres y apellidos los políticos de derecha que auparon el plan- hasta que fue rescatado por militares leales y la fuerza del pueblo en las calles de numerosas ciudades.

La audacia de Correa, que cree firmemente en la democracia y por eso lanzó ahora la idea de una consulta popular revocatoria a la que la derecha no ha dado respuesta, demuestra su seguridad en que el pueblo ecuatoriano –que ahora disfruta de la estabilidad gubernamental y de los resultados de un proyecto revolucionario- sabrá dar una lección contundente a los opositores, ya sea en las calles o en las urnas.